Bienvenido al portal de transparencia del ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Éste se ha creado con los criterios establecidos por:

Enlaces de interés:

01 

Información institucional

02

Información organizativa

03

Miembros electos

04

Retribuciones

05

Servicios y procedimientos

06

Económica financiera

07

Contratos

08

Convenios

09

Ayudas y subvenciones

10

Derecho de acceso

11

Grado aplicación

01. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

El ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE es una Corporación de Derecho Público amparada por la Ley y reconocida por el Estatuto, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para la consecución de sus fines, la representación de los Procuradores en nuestra Provincia y tiene como rasgo esencial, bajo los principios de libertad e independencia, el servicio a la sociedad, a los ciudadanos y al Ordenamiento Jurídico Español.

CIF:

Q3863003D

SEDE CORPORATIVA:

Calle Leoncio Rodríguez, 3 – 38003 – Santa Cruz de Tenerife

CONTACTO:

Teléfono: 922 20 45 30
Correo electrónico:
Página web: www.icptf.com

HORARIO:

De Lunes a viernes de 9:00 – 15:00 horas

El Colegio de Procuradores de Tenerife fue constituido el 7 de julio de 1909, marcando un hito significativo en la historia jurídica de la isla. Este acontecimiento estableció una entidad que agrupaba a los profesionales dedicados a la representación y defensa de los intereses de las partes en los procesos judiciales.

La creación del Colegio de Procuradores de Tenerife respondió a la necesidad de organizar y regular la actividad de estos profesionales en el ámbito judicial. Desde entonces, la institución ha desempeñado un papel fundamental en la administración de justicia, facilitando la comunicación entre los ciudadanos y los tribunales, así como contribuyendo al correcto desarrollo de los procedimientos legales.

A lo largo de los años, el Colegio ha evolucionado para adaptarse a los cambios en el sistema judicial y ha desempeñado un papel crucial en la formación y actualización de sus miembros, garantizando la excelencia en la representación de sus clientes. La fecha del 7 de julio de 1909 marca el inicio de una sólida tradición de servicio y compromiso con la justicia en la isla de Tenerife.

Decanos del Ilustre Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife:

D. Rafael Cubas Pérez-Saliente
05/02/1926 D. Antonio Ribot y Pont
24/06/1937 D. José Gutiérrez Expósito
08/07/1039 D. Oscar García García
31/12/1948 D. José García Palenzuela
15/08/1955 D. José Gutiérrez Expósito
28/01/1984 D. Juan Manuel Beautell López. También nombrado; Decano de Honor.
26/04/2001 D. Juan Antonio Claverie Carpenter
04/06/2001 Dª. Ana María Hernández Oramas
29/10/2009 D. Leopoldo Pastor Llarena

Colegiados de Honor:

D. José Munguía Santana

Galardonados con la Cruz de San Raimundo de Peñafort:

D. Juan Oliva Tristán
D. Germán González Yánez
D. José Munguía Santana
Dª. Violeta Loreto Santana Bonet
Dª. Ana María Hernández Oramas

Son funciones del Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife:

  1. Ejercer la representación que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus fines y, especialmente, la representación y defensa de la profesión ante cualesquiera Administraciones públicas, instituciones, tribunales, entidades y particulares.
  2. Informar, en sus respectivos ámbitos de competencia, de aquellos proyectos o iniciativas legislativas que afecten a la Procura, cuando así se les requiera.
  3. Colaborar con el Poder Judicial y demás poderes públicos realizando los estudios, informes, trabajos estadísticos y demás actividades relacionadas con sus fines.
  4. Organizar y gestionar los servicios de turno de oficio y justicia gratuita.
  5. Participar en materias propias de la profesión en los órganos consultivos de la Administración, así como en los organismos interprofesionales, de conformidad con los supuestos previstos en la legislación aplicable.
  6. Asegurar la representación de la Procura en los Consejos Sociales, en los términos establecidos en las normas que los regulen.
  7. Organizar cursos de formación y perfeccionamiento profesional y mantener y proponer al Consejo General, o Consejo de Colegios de Comunidad Autónoma en su caso, la homologación de Escuelas de Práctica Jurídica y otros medios para facilitar el inicio de la actividad profesional.
  8. Ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la formación, la deontología y la dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares; ejercer la potestad disciplinaria en el orden profesional y colegial y redactar sus propias normas de desarrollo de las deontológicas y reglamentos de funcionamiento, sin perjuicio de su visado y aprobación definitiva por el Consejo General de Procuradores de los Tribunales.
  9. Organizar y promover actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, de previsión y otros análogos, incluido el aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil profesional, cuando legalmente se establezca.
  10. Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal entre ellos. Otorgar amparo, previa deliberación de la Junta de Gobierno, al colegiado que lo solicite.
  11. Adoptar las medidas conducentes a evitar y perseguir el intrusismo profesional.
  12. Intervenir, previa solicitud, en vías de conciliación o arbitraje en cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados, o entre éstos y sus clientes.
  13. Resolver las discrepancias que puedan surgir en relación con la actuación profesional de los colegiados y la percepción de sus derechos, mediante laudo al que previamente se sometan de modo expreso las partes.
  14. Cumplir y hacer cumplir, a los colegiados, las disposiciones legales y estatutarias que afecten a la profesión, así como velar por la observancia de las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiales en materia de su competencia.
  15. La organización de los servicios y funciones que les encomienden las leyes, la Ley de Enjuiciamiento Civil y otras normas procesales.
  16. Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses de la profesión, de los colegiados y demás fines de la Procura o que vengan dispuestas por la legislación estatal o autonómica.
  17. Por medio de la Asamblea General, corresponde la delimitación de la demarcación territorial para el ejercicio profesional.
  18. Gestionar y encargarse, a petición de los colegiados, de la solicitud y cobro, incluso judicialmente, de los derechos, gastos y suplidos, provisionales o definitivos, que se ocasionen en el ejercicio de su actividad profesional. Esta función sólo podrá exigirse cuando a juicio de la Junta de Gobierno el Colegio cuente con los medios personales y materiales necesarios a tal fin. En los presupuestos se consignará el coste que dicho servicio pudiera tener para el colegiado que lo utilice.

Los servicios del ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE son:

· SERVICIO DE TURNO DE OFICIO Y ASISTENCIA DE JUSTICIA GRATUITA:

Tramitando las solicitudes, gestionando las subvenciones para el abono de este servicio. Según lo regulado en:

  • La Ley de Asistencia Gratuita
  • En el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
  • Subvenciones de Asistencia Jurídica Gratuita

· SERVICIO DE NOTIFICACIONES:

El Colegio en sus distintas Salas, a tal efecto, se encarga de recibir de los distintos Órganos Judiciales las notificaciones. Distribuyéndolas a los distintos colegiados.

· SERVICIO DE TRASLADO DE ESCRITOS:

El Colegio gestiona el traslado de los escritos y documentos que se presentan a los distintos procuradores según lo preceptuado legalmente.

· ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA:

Creada para la formación en el ejercicio de la procuraduría de los nuevos profesionales que se dan de alta en el Colegio y quieren acceder al Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita.

· COMISIONES DE TRABAJO:

Integrada por los colegiados que quieren aportar su experiencia y buen hacer en la consecución de los fines de calidad y mejora para nuestro Colegio.

· SERVICIOS DE ATENCIÓN AL COLEGIADO:

  • Fotocopiadora y fax
  • Información a través de circulares y boletines
  • Convenios de interés suscritos con otras compañías y entidades, para ayuda del colegiado:
    • Telefónica
    • CAM (Caja del Mediterráneo)
    • Seguro Médico

El Ilustre Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife tiene como propósito los siguientes objetivos:

Como Procuradores, cada día nos enfrentamos a la importante responsabilidad de brindar una representación legal, justa y transparente para nuestros clientes. Nuestros principios éticos son los cimientos sobre los que construimos nuestra labor, y hoy queremos compartir contigo cómo estos valores guían cada acción que emprendemos.

Integridad en cada paso

En el ejercicio de nuestra profesión, la integridad es nuestra brújula. Mantenemos altos estándares de conducta, evitando cualquier acto o comportamiento que pueda poner en duda nuestra imparcialidad y honestidad.

Transparencia y Comunicación

La transparencia es un pilar fundamental en nuestra relación con los clientes. Desde el inicio del proceso, les informamos claramente sobre el desarrollo de su caso, el alcance de nuestra representación y los costos asociados. El Arancel obligatorio garantiza que los costos sean moderados y prefijados de antemano.

Justicia para todos

Creemos firmemente en la igualdad de derechos y acceso a la justicia para todas las personas. Trabajamos con pasión para garantizar que cada cliente, independientemente de su posición social o económica, reciba una representación legal justa y efectiva.

Responsabilidad en nuestra labor

Cada caso que aceptamos conlleva una gran responsabilidad. Como Procuradores, comprendemos la importancia de nuestro papel en el sistema judicial y en la vida de nuestros clientes. Por eso, nos esforzamos por cumplir con nuestro deber de manera diligente y profesional, buscando siempre el mejor resultado posible.

Actualización constante y mejora continua

El ámbito legal está en constante cambio, y como profesionales, nos comprometemos a mantenernos actualizados con las últimas leyes, regulaciones y prácticas judiciales. La formación continua y la búsqueda de la excelencia en nuestra labor son esenciales para brindar un servicio legal de calidad.

Ser el Colegio oficial de referencia para todos los profesionales de la Procura en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, proporcionando a los ciudadanos una representación judicial profesional de calidad.

Conclusiones del XV Congreso

  1. Necesidad de reforma de las leyes procesales para impulsar un modelo de Justicia acorde al siglo XXI en el que los Procuradores deben cobrar mayor protagonismo en una doble vía: incrementando competencias en materia de ejecución y extendiendo competencias en fases procedimentales donde no es preceptiva su intervención, por los beneficios que le reporta al justiciable.
  2. LaInstitución de Mediaciónestá preparada para afrontar los retos que proponen las leyes de eficiencia y sigue trabajando para ofrecer a los ciudadanos medios alternativos de solución de conflictos de calidad, comprometida con la formación que nos lleve a la excelencia.
  3. Necesidad deimpulsar la designación de los procuradorescomo organismos transmisores y receptores previstos en el Reglamento Europeo 1784/20.
  4. Participar en laimplantación y desarrollodel sistema e-codex.
  5. Necesidad de la procura deseguir evolucionando y adaptándose a las nuevas formas de trabajo, incorporando al mismo nuevas herramientas de Inteligencia Artificial y automatización, así como conocer sus límites y responsabilidades.
  6. Laprocura jovenestá comprometida con el impulso de la profesión. Manifiesta la importancia de su visibilización social y de tejer interrelaciones entre despachos de Procuradores como mecanismo para dotar de una mejor atención al justiciable.
  7. La Procura intensifica su labor asistencial de representación en favor de las víctimas de violencia machista, doméstica y de género, así como de víctimas especialmente vulnerables, financiando desde las consejerías de las distintas Comunidades Autónomas ese servicio indispensable para reforzar la tutela judicial efectiva en todas aquellas fases no preceptivas del proceso penal. Asimismo, en conciliación de la vida laboral de las personas, se informa de los avances técnicos para automatizar la suspensión del reenvío de notificaciones y el cómputo de plazos. Serán los colegios de procuradores quienes, en uso de sus competencias, informarán de la baja por FM de un procurador informarán en la nueva versión de Directorio único 3 plataforma del CGPE que entrará en funcionamiento en breve, a falta de ultimar aspectos técnicos de sincronización con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas.
  1. Fomentar laparticipación activa de los Colegios de Procuradores y Consejos Autonómicospara consolidar y ampliar las actuaciones del turno de Justicia Gratuita, ampliando los espacios donde actuar y mejorando la remuneración de los profesionales de la Procura.

Los principios éticos que definen el Colegio de Procuradores que aportan personalidad y carácter diferenciador respecto a otras organizaciones y constituyen la base sobre la que desarrolla su labor son:

Compromiso social, equidad, igualdad, excelencia, integridad, justicia para todos, cercanía, etc

INFORMACIÓN ECONÓMICA:

El ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE se financia con las cuotas de los Colegiados, que se dividen en:

  • Cuota fija, que se establecen en 40€/mes.
  • Aportación variable que depende del número de procedimientos que gestione cada Colegiado y el uso del sistema de gestión de notificaciones LexNET.

Por otra parte, el Colegio se financia también por compensaciones económicas por los gastos de infraestructura y funcionamiento derivados de la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita de La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que se recogen en el apartado 9 del presente portal.

(Información actualizada a 15 de abril de 2026)

02. INFORMACIÓN ORGANIZATIVA

Esta es la normativa de aplicación al ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE:

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:

Los órganos necesarios del Colegio de Procuradores son los estipulados en el Artículo 46 y siguientes: JUNTA GENERAL, JUNTA DE GOBIERNO y DECANO/A.

La JUNTA GENERAL es el órgano supremo de expresión de la voluntad del Colegio y se constituye por todos los colegiados en pleno ejercicio de sus derechos.

La JUNTA DE GOBIERNO es el órgano de administración y dirección del Colegio. Ejerce las competencias no reservadas a la Junta General, ni las asignadas específicamente a otro órganos colegiales.

  • Se reunirán de forma ordinaria, como mínimo, una vez al mes, previa convocatoria del Decano.

En la actualidad está formada por los siguientes componentes:

Decana-Presidenta: Dª. María Gloria Oramas Reyes
Vicedecana:Dª. Patricia Carracedo García
Secretaria: Dª. Ruth María Morín Mesa
Vicesecretario: D. José Antonio Campanario Melián
Tesorera:Dª. Yolanda Morales García
Vocal: D. Jaime Estevez Monzó
Vocal: Dª. Virginia Manras Flores
Vocal: Dª. José Luis Salazar de Frías y de Benito
Vocal: D. Humberto Montelongo Delgado

El /la DECANO/A ostenta la representación institucional del Colegio, ejecuta los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno del Colegio, convoca y preside la Junta General y la Junta de Gobierno y adopta en los casos de urgencia las medidas o acuerdos procedentes, que someterá a la Junta de Gobierno para su ratificación.

ORGANIGRAMA:

(Información actualizada a 15 de abril de 2026)

03. MIEMBROS ELECTOS Y PERSONAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO

MIEMBROS ELECTOS:

A continuación se muestran los miembros electos del Colegio, la Junta de Gobierno, integrada por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y  Vocales.

DECANA-PRESIDENTA: VICEDECANA: SECRETARIA: VICESECRETARIO: TESORERA:
Dª. María Gloria Oramas Reyes Dª. Patricia Carracedo García Dª. Ruth María Morín Mesa D. José Antonio Campanario Melián Dª. Yolanda Morales García
25 años en el ejercicio de la profesión Miembro de la Comisión de Justicia Gratuita del ICPTF 2022 – 2023, Miembro de la Comisión de Colegios del CGPE Miembro de la Comisión de Tecnología del CGPE Presidenta del Consejo Canario de Procuradores 2024 – 2026, actualmente Vicepresidenta 30 años en el ejercicio de la profesión Directora de formación y Universidades del ICPTF Vocal del Consejo Directivo de la Mutualidad de Procuradores de España Tesorera del Consejo Canario de Procuradores 2024 -2026 y actualmente vocal 30 años en el ejercicio de la profesión Secretaria del Consejo Canario de Procuradores 2024- 2026 y actualmente Vocal desde el año 2014 16 años en el ejercicio de la profesión Vocal del Consejo Canario de Procuradores 2024 – 2026 28 años en el ejercicio de la profesión
VOCAL: VOCAL: VOCAL: VOCAL:
D. Jaime Estevez Monzó Dª. Virginia Manras Flores D. José Luis Salazar de Frías y de Benito D. Humberto Montelongo Delgado
16 años en el ejercicio de la profesión 7 años en el ejercicio de la profesión 21 años en el ejercicio de la profesión 31 años en el ejercicio de la profesión

PERSONAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO:

Los empleados del Colegio no ostentan la condición de empleados públicos ni los Estatutos Colegiales contemplan la figura del personal de libre nombramiento.

La materia de personal colegial es ajena al ejercicio de las funciones públicas que corresponden al Colegio, por lo que no le es de aplicación a la misma la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

A continuación se recogen los empleados en plantilla del Colegio:

Área Cargo Nombre
Administración Auxiliar Administrativo AUX ADM 1
Administración Auxiliar Administrativa AUX ADM 2
Administración Auxiliar Administrativa AUX ADM 3
Administración Auxiliar Administrativa AUX ADM 4
Administración Auxiliar Administrativo AUX ADM 5
Administración Auxiliar Administrativo AUX ADM 6
Administración Limpiador LIMP 1
Administración Auxiliar Administrativo AUX ADM 7
Administración Oficial Primera OF 1ª 1

(Información actualizada a 15 de abril de 2026)

04. RETRIBUCIONES

Según el punto 1 del artículo 62 de los Estatutos del ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: «Los cargos de la Junta de Gobierno tienen carácter electivo. Son honoríficos y no remunerados.»

Es por ello que no existen retribuciones a los miembros de la Junta.

2025

Las retribuciones del año 2025  de los miembros de la junta de gobierno del ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE son las que siguen:

Todos los cargos de la junta directiva del año 2025 (Decana- presidenta, Vicedecano, Secretaria, Vicesecretario, Tesorero y Vocales) son solidarios, no retribuidos.

2024

Las retribuciones del año 2024  de los miembros de la junta de gobierno del ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE son las que siguen:

Todos los cargos de la junta directiva del año 2024 (Decana- presidenta, Vicedecano, Secretaria, Vicesecretario, Tesorero y Vocales) son solidarios, no retribuidos.

2023

Las retribuciones del año 2023  de los miembros de la junta de gobierno del ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE son las que siguen:

Todos los cargos de la junta directiva del año 2023 (Decana- presidenta, Vicedecano, Secretaria, Vicesecretario, Tesorero y Vocales) son solidarios, no retribuidos.

2022

Las retribuciones del año 2022 de los miembros de la junta de gobierno del ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE las que siguen:

Todos los cargos de la junta directiva en 2022 (Decana- presidenta, Vicedecano, Secretaria, Vicesecretario, Tesorero y Vocales) son solidarios, no retribuidos.

(Información actualizada a 2 de junio de 2026)

05. SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS

A continuación, se presenta el Registro de Actividades de Tratamiento del ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE:

El COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ha implementado un CANAL INTERNO DE INFORMACIÓN acorde a la Ley 2/2023, cuyos principios básicos de gestión se recogen en el siguiente ENLACE  y a continuación:

La presente Política de Canal de Denuncias tiene por objeto establecer la política de funcionamiento y gestión del Canal de Denuncias del ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE; de forma que establezca un sistema que permita la identificación de conductas ilícitas, irregulares, malas prácticas o cualquier acción inconveniente equivalente. Para ello, se habilita el presente Canal para el envío de las denuncias; que podrán ser enviadas por todos los grupos de interés (empleados, colaboradores, proveedores, particulares, etc.).

1.1. Principios rectores del Canal de Denuncias.

Este sistema se cimentará sobre los siguientes principios rectores:

  • Accesibilidad. Se ha procurado que este Canal sea claro y de acceso sencillo.
  • Información. Todos los grupos de interés que pudieran hacer uso de este sistema estarán informados de su existencia; así como de la posibilidad de utilizar esta vía.
  • Transparencia. El procedimiento y demás detalles sobre los términos que rigen el Canal de Denuncias están expuestos en su totalidad en la presente Política, que será publicada en aras de que cualquiera de los posibles interesados pueda consultarla en cualquier momento.
  • Buena fe. Las denuncias realizadas a través de este Canal deberán regirse por el principio de buena fe; pudiendo el ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE adoptar las medidas que considere necesarias ante aquellas denuncias injustificadamente reiterativas y/o sospechosas de temeridad o mala fe.
  • Confidencialidad. Las personas que hagan uso de este sistema estarán protegidas por la más estricta confidencialidad (tanto su identidad como el contenido de la propia denuncia); permitiéndose, además, las denuncias anónimas.
  • Imparcialidad. Todas las denuncias tramitadas se resolverán partiendo de la presunción de inocencia de las personas involucradas; así como se les dará curso desde una posición objetiva e imparcial, así como con respeto absoluto al derecho de defensa.
  • Eficiencia. Todas las comunicaciones presentadas obtendrán respuesta en la mayor brevedad que las circunstancias permitan.
  • Exhaustividad e integridad de la información. Durante la tramitación y resolución de las denuncias se buscará exhaustivamente conocer la veracidad de los hechos.

2.1. Quiénes pueden denunciar a través del Canal de Denuncias.

Este sistema estará a disposición de los siguientes grupos de interés, facilitándoles una vía directa de comunicación para transmitir cualquier irregularidad o comportamiento ilícito de la que tengan conocimiento. Estos grupos de interés incluyen;
· Empleados.
· Particulares.
· Proveedores y colaboradores.

2.2. Quiénes pueden ser denunciados a través del Canal de Denuncias.

Podrán ser objeto de denuncia los empleados, proveedores, colaboradores e integrantes de este organismo que hayan cometido alguna irregularidad o actuación ilícita de las previstas en el ámbito objetivo de la presente política. Esto es, sin perjuicio de las vías que legalmente se establezcan para resolución de conflictos por vía judicial.

2.2.1. Exenciones y atenuantes.

Cuando una persona que hubiera participado en la comisión de la infracción administrativa objeto de la información sea la que informe de su existencia mediante la presentación de la información y siempre que la misma hubiera sido presentada con anterioridad a que hubiera sido notificada la incoación del procedimiento de investigación o sancionador, la autoridad competente, mediante resolución motivada, podrá eximirle del cumplimiento de la sanción administrativa que le correspondiera siempre que resulten acreditados en el expediente los siguientes extremos:

  1. Haber cesado en la comisión de la infracción en el momento de presentación de la comunicación o revelación e identificado, en su caso, al resto de las personas que hayan participado o favorecido aquella.
  2. Haber cooperado plena, continua y diligentemente a lo largo de todo el procedimiento de investigación.
  3. Haber facilitado información veraz y relevante, medios de prueba o datos significativos para la acreditación de los hechos investigados, sin que haya procedido a la destrucción de estos o a su ocultación, ni haya revelado a terceros, directa o indirectamente su contenido.
  4. Haber procedido a la reparación del daño causado que le sea imputable.

Cuando estos requisitos no se cumplan en su totalidad, incluida la reparación parcial del daño, quedará a criterio de la órgano competente para resolver el procedimiento, previa valoración del grado de contribución a la resolución del expediente, la posibilidad de atenuar la sanción que habría correspondido a la infracción cometida, siempre que el informante o autor de la revelación no haya sido sancionado anteriormente por hechos de la misma naturaleza que dieron origen al inicio del procedimiento.
La atenuación de la sanción podrá extenderse al resto de los participantes en la comisión de la infracción, en función del grado de colaboración activa en el esclarecimiento de los hechos, identificación de otros participantes y reparación o minoración del daño causado, apreciado por el órgano encargado de la resolución.

De la Ley 2/2023 (de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción) y la Directiva (UE) 2019/1937 (relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión) se desprende que este canal interno de información podrá utilizarse para transmitir lo siguiente;

a) Infracciones que estén bajo el ámbito de aplicación de lo actos de la Unión Europea enumerados en el anexo de la Directiva arriba referida relativa a los siguientes ámbitos:

  1. a. contratación pública,
  2. b. servicios, productos y mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,
  3. c. seguridad de los productos y conformidad,
  4. d. seguridad del transporte,
  5. e. protección del medio ambiente,
  6. f. protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear,
  7. g. seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales,
  8. h. salud pública,
  9. i. protección de los consumidores,
  10.  j. protección de la privacidad y de los datos personales, y seguridad de las redes y los sistemas de información.

b) Comportamientos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea tal y como se contemplan en el Art. 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
c) Comportamientos que incidan en el mercado interior, tal y como se contemplan en el artículo 26, apartado 2 del TFUE, incluidas las infracciones de las normas de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o a prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable al impuesto sobre sociedades.
d) Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave. En todo caso, se entenderán comprendidas todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.
e) Infracciones del derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo de las que informen los trabajadores, sin perjuicio de lo establecido en su normativa específica.
f) Incumplimientos de normativa interna aplicable.

De lo anterior se deduce que este Canal de Denuncias no se utilizará cuando el denunciante no tenga una relación profesional o laboral con el ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. Cabe señalar que este Canal no es el cauce adecuado para cuestiones relacionadas con los servicios que ofrece el ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE o sus colegiados; por disponer tales asuntos de su propia vía (Queja-Deontología profesional).
Asimismo, según expone la propia Ley 2/2023 (Preámbulo, parte III), se excluyen del ámbito de aplicación material los supuestos que se rigen por su normativa específica; esto es, aquella que regula los mecanismos para informar sobre infracciones y proteger a los informantes previstas por leyes sectoriales o por los instrumentos de la Unión Europea enumerados en la parte II del anexo de la Directiva (UE) 2019/1937.

4.1. Gestión de comunicaciones.

Todas las comunicaciones estarán sujetas a la posibilidad de anonimidad. En todo caso se protegerá la identidad del denunciante, manteniéndose confidencial y quedando limitada al conocimiento del responsable del canal.

Tras la recepción de una denuncia se remitirá acuse de recibo de la comunicación en el plazo máximo de 7 días naturales siguientes a tal recepción; salvo que excepcionalmente ello pueda poner en peligro la confidencialidad de la comunicación. El siguiente paso será el análisis preliminar de la denuncia, en el que se valorará los requisitos de forma exigidos y la inclusión en el ámbito objetivo del Canal de Denuncias de los hechos comunicados; denegándose la admisión a trámite de aquellas denuncias que no cumplan tales condiciones, y procediéndose a eliminar inmediatamente los datos personales en ellas contenidos.
El plazo máximo de las actuaciones de investigación será de 3 meses a contar desde la recepción de la comunicación o, si no se remitió un acuse de recibo al informante, a tres meses a partir del vencimiento del plazo de siete días después de efectuarse la comunicación, salvo casos de especial complejidad que requieran una ampliación del plazo, en cuyo caso, este podrá extenderse hasta un máximo de otros tres meses adicionales. En relación con ello, el ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE mantendrá abierta las comunicaciones con el denunciante; pudiendo solicitarle información adicional.

Las personas afectadas tendrán derecho a estar informados de las acciones u omisiones que el denunciante les atribuye, así como a ser oídas en cualquier momento del procedimiento. La comunicación de las acciones u omisiones referidas se realizarán en el tiempo y forma pertinentes en garantía del buen cauce de la investigación. En este sentido, en todo caso se respetará rigurosamente la de presunción de inocencia y el honor de las personas afectadas.

4.2. Inadmisión a trámite.

La inadmisión a trámite de las comunicaciones podrá producirse cuando se den alguna de las siguientes circunstancias:

1) Cuando los hechos relatados carezcan de toda verosimilitud.
2) Cuando los hechos relatados no sean constitutivos de infracción del ordenamiento jurídico incluida en el ámbito de aplicación de esta ley.
3) Cuando la comunicación carezca manifiestamente de fundamento o existan, a juicio del responsable indicios racionales de haberse obtenido mediante la comisión de un delito. En este último caso, además de la inadmisión, se remitirá al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de los hechos que se estimen constitutivos de delito.
4) Cuando la comunicación no contenga información nueva y significativa sobre infracciones en comparación con una comunicación anterior respecto de la cual han concluido los correspondientes procedimientos, a menos que se den nuevas circunstancias de hecho o de Derecho que justifiquen un seguimiento distinto.

La inadmisión se comunicará al informante dentro de los cinco días hábiles siguientes, salvo que la comunicación fuera anónima o el informante hubiera renunciado a recibir comunicaciones.

4.3. Resolución del expediente.

Una vez finalicen las actuaciones de investigación, a tenor de los resultados que ésta arroje, se formulará una propuesta de resolución que podrá plantear; el archivo de la denuncia o, en su defecto, la sanción a aplicar. Cuando se considere procedente la imposición de una sanción, ésta será ejecutada por el responsable que corresponda según la tipología de sancionado; a tenor de lo dispuesto en el documento de Responsabilidades en el Canal de Denuncias, que pueden consultar en cualquier momento.

4.4. Comunicaciones a la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.)

4.4.1 Recepción y registro de las comunicaciones.

Toda persona física podrá informar ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., o ante las autoridades u órganos autonómicos correspondientes, de la comisión de cualesquiera acciones u omisiones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2023 de 20 de febrero, ya sea directamente o previa comunicación a través del correspondiente canal interno.

La información puede llevarse a cabo de forma anónima. La información se podrá realizar por escrito, a través de correo postal o a través de cualquier medio electrónico habilitado al efecto dirigido al canal externo de informaciones de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., o verbalmente, por vía telefónica o a través de sistema de mensajería de voz. A solicitud del informante, también podrá presentarse mediante una reunión presencial, dentro del plazo máximo de siete días. En los casos de comunicación verbal se advertirá al informante de que la comunicación será grabada y se le informará del tratamiento de sus datos de acuerdo con lo que establecen el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

Al presentar la información, el informante podrá indicar un domicilio, correo electrónico o lugar seguro a efectos de recibir las notificaciones, pudiendo asimismo renunciar expresamente a la recepción de cualquier comunicación de actuaciones llevadas a cabo por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. como consecuencia de la información.

En caso de comunicación verbal, incluidas las realizadas a través de reunión presencial, telefónicamente o mediante sistema de mensajería de voz, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. deberá documentarla de alguna de las maneras siguientes:

  1. mediante una grabación de la conversación en un formato seguro, duradero y accesible, o
  2. a través de una transcripción completa y exacta de la conversación realizada por el personal responsable de tratarla.

Sin perjuicio de los derechos que le corresponden de acuerdo con la normativa sobre protección de datos, se ofrecerá al informante la oportunidad de comprobar, rectificar y aceptar mediante su firma la transcripción del mensaje.

Registrada la información, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., deberá comprobar si aquella expone hechos o conductas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación. Habiendo realizado este análisis preliminar, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., decidirá, en un plazo que no podrá ser superior a diez días hábiles desde la fecha de entrada en el registro de la información sobre la admisión o inadmisión de la comunicación realizada (coincidiendo los motivos de inadmisión con los anteriormente indicados para el canal interno de información).

4.4.2. Instrucción.

La instrucción comprenderá todas aquellas actuaciones encaminadas a comprobar la verosimilitud de los hechos relatados.

Se garantizará que la persona afectada por la información tenga noticia de ésta, así como de los hechos relatados de manera sucinta. Adicionalmente se le informará del derecho que tiene a presentar alegaciones por escrito y del tratamiento de sus datos personales. No obstante, esta información podrá efectuarse en el trámite de audiencia si se considerara que su aportación con anterioridad pudiera facilitar la ocultación, destrucción o alteración de las pruebas.

En ningún caso se comunicará a los sujetos afectados la identidad del informante ni se dará acceso a la comunicación. Durante la instrucción se dará noticia de la comunicación con sucinta relación de hechos al investigado. Esta información podrá efectuarse en el trámite de audiencia si se considera que su aportación con anterioridad pudiera facilitar la ocultación, destrucción o alteración de las pruebas.

Sin perjuicio del derecho a formular alegaciones por escrito, la instrucción comprenderá, siempre que sea posible, una entrevista con la persona afectada en la que, siempre con absoluto respeto a la presunción de inocencia, se le invitará a exponer su versión de los hechos y a aportar aquellos medios de prueba que considere adecuados y pertinentes.

A fin de garantizar el derecho de defensa de la persona afectada, la misma tendrá acceso al expediente sin revelar información que pudiera identificar a la persona informante, pudiendo ser oída en cualquier momento, y se le advertirá de la posibilidad de comparecer asistida de abogado.

Todas las personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, deberán colaborar con las autoridades competentes y estarán obligadas a atender los requerimientos que se les dirijan para aportar documentación, datos o cualquier información relacionada con los procedimientos que se estén tramitando, incluso los datos personales que le fueran requeridos.

4.4.3. Terminación de las actuaciones.

Concluidas todas las actuaciones, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. emitirá un informe que contendrá al menos: exposición de los hechos junto al código de identificación de la comunicación y la fecha de registro, clasificación de la comunicación a efectos de conocer su prioridad o no en su tramitación, actuaciones de investigación para comprobar la verosimilitud de los hechos, conclusiones de la instrucción y valoración de las diligencias e indicios que la sustentan.

Emitido el informe, adoptará alguna de las siguientes actuaciones;

  • Archivo del expediente, que será notificado al informante y, en su caso, a la persona afectada. En estos supuestos, el informante tendrá derecho a la protección prevista en esta ley, salvo que, como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo en fase de instrucción, se concluyera que la información a la vista de la información recabada debía haber sido inadmitida por concurrir alguna de las causas previstas.
  • Remisión al Ministerio Fiscal si, pese a no apreciar inicialmente indicios de que los hechos pudieran revestir el carácter de delito, así resultase del curso de la instrucción. Si el delito afectase a los intereses financieros de la Unión Europea, se remitirá a la Fiscalía Europea.
  • Traslado de todo lo actuado a la autoridad competente.
  • Adopción de acuerdo de inicio de un procedimiento sancionador.

El plazo para finalizar las actuaciones y dar respuesta al informante, en su caso, no podrá ser superior a tres meses desde la entrada en registro de la información. Cualquiera que sea la decisión, se comunicará al informante, salvo que haya renunciado a ello o que la comunicación sea anónima.

5.1. Condiciones de protección.

Las personas que comuniquen o revelen infracciones incluidas en el ámbito objetivo de la presente política tendrán derecho a que se garantice su protección siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a. Motivos razonables para pensar que la información referida es veraz en el momento de la comunicación o revelación, aun cuando no aporten pruebas concluyentes, y que la citada información entre dentro del mencionado ámbito objetivo.
b. La comunicación o revelación se haya realizado conforme a los requerimientos previstos en esta política.

Quedan expresamente excluidos de la protección prevista en esta política aquellas personas que comuniquen o revelen:

  1. a. Informaciones contenidas en comunicaciones que hayan sido inadmitidas por algún canal interno de información.
  2. b. Informaciones vinculadas a reclamaciones sobre conflictos interpersonales o que afecten únicamente al informante y a las personas a las que se refiera la comunicación o revelación.
  3. c. Informaciones que ya estén completamente disponibles para el público o que constituyan meros rumores.
  4. d. Informaciones que se refieran a acciones u omisiones no comprendidas el ámbito objetivo de este documento.

Las personas que hayan comunicado o revelado públicamente información sobre acciones u omisiones incluidas en el ámbito objetivo de esta política de forma anónima, pero que posteriormente hayan sido identificadas y cumplan las condiciones previstas en esta ley, tendrán derecho a la protección que la misma contiene.

Las personas que informen ante las instituciones, órganos u organismos pertinentes de la Unión Europea infracciones que entren en el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, tendrán derecho a protección con arreglo a lo dispuesto en esta ley en las mismas condiciones que una persona que haya informado por canales externos.

5.2. Prohibición de represalias.

Conforme a la Ley 2/2023 quedan prohibidas expresamente los actos constitutivos de represalia, incluidas las amenazas de represalia y las tentativas de represalia contra las personas que presenten una comunicación conforme a lo previsto en esta política. Esto es, entendiéndose por represalia cualquier acto u omisión prohibidos por la ley o que, directa o indirectamente, supongan un trato desfavorable que sitúe a las personas que las sufren en desventaja particular con respecto a otra en el contexto laboral o profesional, solo por su condición de informantes, o por haber realizado una revelación pública.

A título enunciativo, se considerarán represalias aquellas adoptadas en forma de:

· Suspensión del contrato de trabajo, despido o extinción de la relación laboral o estatutaria, incluyendo la no renovación o la terminación anticipada de un contrato de trabajo temporal una vez superado el período de prueba, o terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o servicios, imposición de cualquier medida disciplinaria, degradación o denegación de ascensos y cualquier otra modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la no conversión de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido, en caso de que el trabajador tuviera expectativas legítimas de que se le ofrecería un trabajo indefinido; salvo que estas medidas se llevaran a cabo dentro del ejercicio regular del poder de dirección al amparo de la legislación laboral o reguladora del estatuto del empleado público correspondiente, por circunstancias, hechos o infracciones acreditadas, y ajenas a la presentación de la comunicación.

  • · Daños, incluidos los de carácter reputacional, o pérdidas económicas, coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo.
  • · Evaluación o referencias negativas respecto al desempeño laboral o profesional.
  • · Inclusión en listas negras o difusión de información en un determinado ámbito sectorial, que dificulten o impidan el acceso al empleo o la contratación de obras o servicios.
  • · Denegación o anulación de una licencia o permiso.
  • · Denegación de formación.
  • · Discriminación, o trato desfavorable o injusto.

La persona que viera lesionados sus derechos por causa de su comunicación o revelación una vez transcurrido el plazo de dos años podrá solicitar la protección de la autoridad competente que, excepcionalmente y de forma justificada, podrá extender el período de protección, previa audiencia de las personas u órganos que pudieran verse afectados. La denegación de la extensión del período de protección deberá estar motivada.

Todas las aquellas personas que tengan conocimiento de las comunicaciones realizadas a través del Canal de Denuncias están sujetas al más estricto deber de confidencialidad sobre la identidad de la persona denunciante y el contenido de la denuncia. Se procurará que tales personas sean las mínimas estrictamente necesarias para llevar a cabo el procedimiento descrito en el presente documento.

5.3. Medidas de protección.

5.3.1 Frente a represalias.

No se entenderá que las personas que comuniquen información sobre las acciones u omisiones a las que se refiere esta política o que hagan una revelación pública de conformidad con esta política, hayan cometido una infracción de revelación de información; sin que, por tanto, incurran en ningún tipo de responsabilidad en relación con tal comunicación o revelación pública, siempre que tuvieran motivos razonables para pensar que la comunicación o revelación pública de dicha información era necesaria para revelar una acción u omisión en virtud de la referida ley, todo ello sin perjuicio de la normativa específica para las personas que informen sobre infracciones del Derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esta medida no afectará a las responsabilidades de carácter penal; e incluye a la información comunicada por los representantes de las personas trabajadoras, aunque se encuentren sometida a obligaciones legales de sigilo o de no revelar información reservada.
Los denunciantes no incurrirán en responsabilidad respecto de la adquisición o el acceso a la información que es comunicada o revelada públicamente, siempre que dicha adquisición o acceso no constituya un delito. Cualquier otra responsabilidad de los denunciantes derivada de actos u omisiones que no estén relacionados con la comunicación o la revelación pública o que no sean necesarios para revelar una infracción en los términos de esta política.
Cuando existan perjuicios para la persona denunciante (y se haya probado la legítima revelación y los perjuicios ocasionados) se presumirá ante el órgano jurisdiccional u otra autoridad correspondiente que los perjuicios constituyeron una represalia por la comunicación de información o revelación pública. Corresponderá entonces a la persona que tomara la medida causante del perjuicio probar que existieron motivos debidamente justificados y no vinculados a la denuncia.

5.3.2 De las personas afectadas.

Durante la tramitación de las denuncias, las personas afectadas por éstas tienen derecho a la presunción de inocencia, al derecho de defensa y al derecho de acceso al expediente en los términos que esta política establece; así como a la misma protección dispuesta para los denunciantes, preservándose su identidad y garantizándose la confidencialidad de los hechos y datos del procedimiento.

5.4. Medidas de apoyo previstas por las autoridades competentes.

Las personas que comuniquen o revelen infracciones en los términos de esta política y a través del procedimiento en ésta previsto, accederán a las siguientes medidas de apoyo:

  1. a. Información y asesoramiento completos e independientes, que sean fácilmente accesibles para el público y gratuitos, sobre los procedimientos y recursos disponibles, protección frente a represalias y derechos de la persona afectada.
  2. b. Asistencia efectiva por parte de las autoridades competentes ante cualquier autoridad pertinente implicada en su protección frente a represalias, incluida la certificación de que pueden acogerse a protección al amparo de la referida ley.
  3. c. Asistencia jurídica en los procesos penales y en los procesos civiles transfronterizos de conformidad con la normativa comunitaria.
  4. d. Apoyo financiero y psicológico, de forma excepcional, si así lo decidiese la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. tras la valoración de las circunstancias derivadas de la presentación de la comunicación.

Ello sin perjuicio del apoyo que tuvieran derecho a recibir para la representación y defensa en procedimientos judiciales derivados de la presentación de la comunicación o revelación pública en virtud de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

5.4.1. Autoridades competentes.

Las medidas de apoyo previstas en este apartado serán prestadas por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., cuando se trate de infracciones cometidas en el ámbito del sector privado y en el sector público estatal, y, en su caso, por los órganos competentes de las comunidades autónomas, respecto de las infracciones en el ámbito del sector público autonómico y local del territorio de la respectiva comunidad autónoma, así como las infracciones en el ámbito del sector privado, cuando el incumplimiento comunicado se circunscriba al ámbito territorial de la correspondiente comunidad autónoma. Ello sin perjuicio de las medidas de apoyo y asistencia específicas que puedan articularse por la entidades públicas y privadas.

El medio de comunicación de la información será a aplicación electrónica establecida específicamente para tal fin, identificada y accesible desde nuestra web.
Aquellas denuncias remitidas por vías no establecidas para ello o a miembros del personal no responsable de su tratamiento, se remitirán inmediatamente al Responsable del sistema. Asimismo, cuando existan indicios del carácter delictivo de los hechos comunicados; se procederá inmediatamente a su remisión al Ministerio Fiscal. En caso de que los hechos afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, se remitirá a la Fiscalía Europea.

Contamos con un registro de las informaciones recibidas y de las investigaciones internas a que hayan dado lugar, garantizando, en todo caso, los requisitos de confidencialidad previstos en esta política. Este registro no es público; el acceso total o parcial a su contenido sólo será posible a petición razonada de la Autoridad judicial competente mediante auto, en el marco de un procedimiento judicial y bajo su tutela. Si la información recibida contuviera datos personales incluidos dentro de las categorías especiales de datos, se procederá a su inmediata supresión, sin que se proceda al registro y tratamiento de éstos.

La figura del Responsable del Sistema corresponde con el especificado en el documento de Responsabilidades en el Canal de Denuncias, consultable en cualquier momento, y desarrollará sus funciones de forma independiente y autónoma respecto al resto de órganos de la entidad, contando con los medios personales y materiales para ello, sin que reciba instrucciones de ningún tipo durante su ejercicio.

En relación con la protección de los datos recabados en este canal de denuncias, le informamos de las siguientes cuestiones:

 Responsable del tratamiento.

Responsable ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
CIF Q3863003D
Dirección Calle Leoncio Rodriguez 3, 1º (edificio El Cabo), 38003 – Santa Cruz De Tenerife
Correo electrónico info@icptf.com
Teléfono 922 204 530

 Finalidad. Los datos recabados por vía de las comunicaciones realizadas a través de este sistema serán utilizados para:

  • El control, tramitación y gestión de las denuncias enviadas por este canal.
  • El efectivo desarrollo de las actuaciones de investigación incluidas en el procedimiento de gestión de denuncias.
  • Las comunicaciones necesarias en el curso de dicho procedimiento con el denunciante y el denunciado, paralelamente.
  • Elaboración del libro-registro de informaciones recibidas e investigaciones internas a las que éstas hubieran podido dar lugar.

 Legitimación. Esta entidad está legitimada para tratar sus datos personales en base al Art. 6.1.c del Reglamento Europeo de Protección de Datos: “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento”. Esto es, en cumplimiento de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Asimismo, en base al Art. 6.1.e del RGPD: “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”; f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero; a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para el fin específico.

 Conservación. Los datos personales contenidos en el libro-registro de informaciones sólo se conservarán durante el periodo que sea necesario y proporcional a efectos del cumplimiento de esta política y de la ley. En ningún caso se conservarán estos datos por un periodo superior a diez años.

Si se acreditara que la información facilitada o parte de ella no es veraz, se procederá a su inmediata supresión desde el momento en que se tenga constancia de dicha circunstancia; salvo que dicha falta de veracidad pueda constituir un ilícito penal, en cuyo caso se guardará la información por el tiempo necesario durante el que se tramite el procedimiento judicial.

En todo caso, una vez transcurridos tres meses desde la recepción de la denuncia sin que se hubiesen iniciado actuaciones de investigación se procederá a su supresión; salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del sistema. Aquellas denuncias a las que no se haya dado curso sólo podrán constar de forma anonimizada, sin que sea aplicable la obligación de bloqueo prevista en el Art. 32 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

 Destinatarios. Los datos personales contenidos en el Canal de Denuncias estarán limitados al acceso, dentro del ámbito de sus competencias y funciones, de:

  • El Responsable del Sistema y a quien lo gestione directamente.
  • Los diferentes responsables establecidos en función de la tipología de denuncia en el documento de Responsabilidades en el Canal de Denuncias, a disposición de los grupos de interés.
  • Los encargados del tratamiento que eventualmente se designen. Será el titular de la licencia de software que incorpora el canal de denuncia el Responsable del tratamiento y LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S.A. no tendrá más consideración, en su caso, que la de Encargado del Tratamiento de los datos, a los solos efectos de su almacenado, todo ello conforme a las reglas establecidas en las condiciones de uso aceptadas por el titular de la licencia de software con su adquisición.
  • El delegado de protección de datos, si hubiera.

Los sistemas internos de información, los canales externos y quienes reciban revelaciones públicas no obtendrán datos que permitan la identificación del denunciante, contando con las medidas técnicas y organizativas adecuadas para preservar su identidad y garantizar a confidencialidad de los datos correspondientes a las personas afectadas y a cualquier tercero que se mencione en la información suministrada, especialmente la identidad del informante en caso de que se hubiera identificado.

En los términos legalmente previstos, la identidad del denunciante se podrá comunicar a la Autoridad Judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora. Cuando procedan estas revelaciones, éstas estarán sujetas a salvaguardas establecidas en la normativa aplicable. Antes de revelar la identidad del denunciante, ello se le comunicará previamente; salvo que tal comunicación pudiera comprometer la investigación o procedimiento judicial. Cuando la autoridad competente lo comunique al informante, le remitirá un escrito explicando los motivos de la revelación de los datos confidenciales en cuestión.

 Derechos. Cuando se obtengan directamente de los interesados sus datos personales se les facilitará la información a que se refieren los artículos 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. A los informantes y a quienes lleven a cabo una revelación pública se les informará, además, de forma expresa, de que su identidad será en todo caso reservada, que no se comunicará a las personas a las que se refieren los hechos relatados ni a terceros. La persona a la que se refieran los hechos relatados no será en ningún caso informada de la identidad del informante o de quien haya llevado a cabo la revelación pública.

Los interesados podrán ejercer los derechos a que se refieren los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. En caso de que la persona a la que se refieran los hechos relatados en la comunicación o a la que se refiera la revelación pública ejerciese el derecho de oposición, se presumirá que, salvo prueba en contrario, existen motivos legítimos imperiosos que legitiman el tratamiento de sus datos personales.

 Información. En todo caso, se informará a los interesados sobre el tratamiento de sus datos personales conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, en adelante RGPD).

Esta política se revisa periódicamente para asegurar su vigencia, por lo que puede ser modificada. Le recomendamos que la visite la página con regularidad donde le informaremos de cualquier actualización al respecto.

Para acceder al mismo, puede acceder al siguiente apartado de nuestra web:

(Información actualizada a 15 de abril de 2026)

06. ECONÓMICA FINANCIERA

MEMORIA ANUAL:

2025

2024

2023

2022

2021

AUDITORÍA EXTERNA

El artículo 86 de los estatutos del ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE indica que “La Junta de Gobierno podrá designar un auditor de cuentas…” por lo que, si bien es posible su elaboración, en ninguno de los ejercicios 2021, 2022, 2024 y 2025 se realizaron auditorías de cuentas y desfiscalización por los órganos de control externo ya que durante los pasados ejercicios no concurrió en ninguna de los supuestos de la «Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas» que indica:

«Disposición adicional primera. Auditoría obligatoria.

    1. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones, deberán someterse en todo caso a la auditoría de cuentas prevista en el artículo 1.2 de esta Ley, las entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

      a) Que emitan valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores o sistemas multilaterales de negociación.

      b) Que emitan obligaciones en oferta pública.

      c) Que se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera, y, en todo caso, las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, la Sociedad de Sistemas, las entidades de contrapartida central, la Sociedad de Bolsas, las sociedades gestoras de los fondos de garantía de inversiones y las demás entidades financieras, incluidas las instituciones de inversión colectiva, fondos de titulización y sus gestoras, inscritas en los correspondientes Registros del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

      d) Que tengan por objeto social cualquier actividad sujeta al Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, dentro de los límites que reglamentariamente se establezcan, así como los fondos de pensiones y sus entidades gestoras.

      e) Que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios o suministren bienes al Estado y demás organismos públicos dentro de los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto.

      f) Las demás entidades que superen los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto. Dichos límites se referirán, al menos, a la cifra de negocios, al importe total del activo según balance y al número anual medio de empleados, y se aplicarán, todos o cada uno de ellos, según lo permita la respectiva naturaleza jurídica de cada sociedad o entidad.

    2. Lo previsto en esta disposición adicional no es aplicable a las entidades que formen parte del sector público estatal, autonómico o local, sin perjuicio de lo que disponga la normativa que regula dichas entidades del sector público. En todo caso, lo previsto en esta disposición adicional será aplicable a las sociedades mercantiles que formen parte del sector público estatal, autonómico o local.

    3. Las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, cuando no tengan que presentar cuentas anuales de su actividad en España, deberán someter a auditoría la información económica financiera que con carácter anual deban hacer pública, y la que con carácter reservado remitan al Banco de España, de conformidad con el marco normativo contable que resulte de aplicación.

Por otra parte, el «Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital» indica:

«Artículo263. Auditor de cuentas.

1.Las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión deberán ser revisados por auditor de cuentas.

2.Se exceptúa de esta obligación a las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

    • a) Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta mil euros.
    • b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones setecientos mil euros.
    • c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.»

Sin embargo, en el año 2023 y tal y como indica el artículo 86 de los estatutos del ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, la Junta de Gobierno solicitó hacer una auditoría de cuentas.

De la misma manera, en el año 2026, el ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE encargó un INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS con las cuentas del año 2025.

(Información actualizada a 2 de junio de 2026)

07. CONTRATOS

2025

El ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE no ha suscrito ningún CONTRATO con Administraciones Públicas durante el año 2025.

Denominación y objeto: No se han realizado.
Datos estadísticos: No se han realizado.
Modificación de contratos: No se han realizado.
Desistimientos y renuncias de contratos: No se han realizado.
Prórrogas y variaciones del plazo de contratos: No se han realizado.
Relación de contratos menores: No se han realizado.

El ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE no es un poder adjudicador, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 apartado 5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y por tanto, no ha adjudicado contratos sujetos a la LCSP.

2024

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE no ha suscrito ningún CONTRATO con Administraciones Públicas durante el año 2024.

Denominación y objeto: No se han realizado.
Datos estadísticos: No se han realizado.
Modificación de contratos: No se han realizado.
Desistimientos y renuncias de contratos: No se han realizado.
Prórrogas y variaciones del plazo de contratos: No se han realizado.
Relación de contratos menores: No se han realizado.

2023

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE no ha suscrito ningún CONTRATO con Administraciones Públicas durante el año 2023.

Denominación y objeto: No se han realizado.
Datos estadísticos: No se han realizado.
Modificación de contratos: No se han realizado.
Desistimientos y renuncias de contratos: No se han realizado.
Prórrogas y variaciones del plazo de contratos: No se han realizado.
Relación de contratos menores: No se han realizado.

2022

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE no ha suscrito ningún CONTRATO con Administraciones Públicas durante el año 2022.

Denominación y objeto: No se han realizado.
Datos estadísticos: No se han realizado.
Modificación de contratos: No se han realizado.
Desistimientos y renuncias de contratos: No se han realizado.
Prórrogas y variaciones del plazo de contratos: No se han realizado.
Relación de contratos menores: No se han realizado.

(Información actualizada a 2 de junio de 2026)

08. CONVENIOS Y ENCOMIENDAS DE GESTIÓN

2025

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE  ha suscrito los siguientes CONVENIOS con Administraciones Públicas durante el año 2025:

DENOMINACIÓN OBJETO MODIFICACIÓN
DOCUMENTO DE ADHESIÓN DEL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA Y LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA Convenio para la presentación y pago de autoliquidaciones, así como para la presentación de declaraciones, comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en representación de terceros. Ninguna
ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA MUTUALIDAD DE PROCURADORES Y EL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE TENERIFE Convenio de colaboración, publicidad y divulgación de la Mutualidad de Procuradores. Ninguna
ACUERDO DE COLABORACIÓN SOCIAL ENTRE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, PARA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE AUTOLIQUIDACIONES, DECLARACIONES, COMUNICACIONES Y OTROS DOCUMENTOS TRIBUTARIOS EN REPRESENTACIÓN DE TERCERAS PERSONAS. Convenio para la presentación y pago de autoliquidaciones, así como para la presentación de declaraciones, comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en representación de terceros. Ninguna
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y EL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE S.C. DE TENERIFE PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS, TRABAJO FIN DE GRADO Y TRABAJO FIN DE MÁSTER, DEL ALUMNADO DE LAS TITULACIONES DE GRADO Y DE MÁSTER OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Convenio para la realización de prácticas externas, Trabajo fin de grado y master del alumnado de las titulaciones de grado y máster oficiales de la Universidad de La Laguna. Ninguna
CONVENIO DE COLABORACIÓN SOCIAL EN LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS Convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria de Galicia y el Ilustre Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife para la aplicación de las nuevas tecnologías de la información en los procedimientos de gestión tributaria Ninguna
CONVENIO DE COLABORACIÓN SOCIAL EN LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS Acuerdo de colaboración social para la utilización de la plataforma de pago y presentación electrónica de la administración de la comunidad autónoma de Cantabria con colegios y asociaciones profesionales con el Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Santa Cruz de Tenerife. Ninguna
CONVENIO DE COLABORACIÓN SOCIAL EN LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS Convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria Valenciana, la Sociedad Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, sau (istec) y el Ilustre Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife, en relación con la presentación telemática de documentos con trascendencia tributaria ante la agencia tributaria valenciana. Ninguna
CONVENIO DE COLABORACIÓN SOCIAL EN LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS Convenio marco entre el Gobierno de La Rioja y el Ilustre Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife para la presentación y pago de autoliquidaciones, así como para la presentación de declaraciones, comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en representación de terceros. Ninguna
CONVENIO DE COLABORACIÓN SOCIAL EN LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS Convenio de colaboración social, suscrito por la Agencia Tributaria de la región de Murcia y el Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Santa Cruz de Tenerife, para la presentación y pago de autoliquidaciones, así como para la presentación telemática de otros documentos con trascendencia tributaria en representación de terceras personas. Ninguna
CONVENIO DE COLABORACIÓN SOCIAL EN LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS Convenio tipo entre el ente público de servicios tributarios del Principado de Asturias y el Ilustre Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife, para la presentación y pago, en su caso, de autoliquidaciones y de declaraciones, así como para la presentación de comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en nombre de terceras personas. Ninguna
CONVENIO DE COLABORACIÓN SOCIAL EN LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS Acuerdo de colaboración social entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, y el Ilustre Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife para la presentación electrónica por cuenta de terceros de autoliquidaciones correspondientes a los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid. Ninguna

2024

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ha suscrito los siguientes CONVENIOS con Administraciones Públicas durante el año 2024:

DENOMINACIÓN OBJETO MODIFICACIÓN
CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO GENERAL DE LOS PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA Y EL COLEGIO DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE PARA LA UTILIZACION POR EL COLEGIO DE LA APLICACIÓN DE COMUNICACIONES ELECTRONICAS CERTIFICADAS DEL CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES Convenio para la utilización de las comunicaciones electrónicas certificadas del Consejo General de Procuradores Ninguna
DOCUMENTO DE ADHESIÓN DEL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA Y LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA Convenio para la presentación y pago de autoliquidaciones, así como para la presentación de declaraciones, comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en representación de terceros. Ninguna
ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA MUTUALIDAD DE PROCURADORES Y EL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE Convenio de colaboración, publicidad y divulgación de la Mutualidad de Procuradores. Ninguna
ACUERDO DE COLABORACIÓN SOCIAL ENTRE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, PARA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE AUTOLIQUIDACIONES, DECLARACIONES, COMUNICACIONES Y OTROS DOCUMENTOS TRIBUTARIOS EN REPRESENTACIÓN DE TERCERAS PERSONAS. Convenio para la presentación y pago de autoliquidaciones, así como para la presentación de declaraciones, comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en representación de terceros. Ninguna
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y EL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE S.C. DE TENERIFE PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS, TRABAJO FIN DE GRADO Y TRABAJO FIN DE MÁSTER, DEL ALUMNADO DE LAS TITULACIONES DE GRADO Y DE MÁSTER OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Convenio para la realización de prácticas externas, Trabajo fin de grado y master del alumnado de las titlaciones de grado y máster oficiales de la Universidad de La Laguna. Ninguna

2023

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ha suscrito los siguientes CONVENIOS con Administraciones Públicas durante el año 2023:

DENOMINACIÓN OBJETO MODIFICACIÓN
CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO GENERAL DE LOS PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA Y EL COLEGIO DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE PARA LA UTILIZACION POR EL COLEGIO DE LA APLICACIÓN DE COMUNICACIONES ELECTRONICAS CERTIFICADAS DEL CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES Convenio para la utilización de las comunicaciones electrónicas certificadas del Consejo General de Procuradores Ninguna
DOCUMENTO DE ADHESIÓN DEL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA Y LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA Convenio para la presentación y pago de autoliquidaciones, así como para la presentación de declaraciones, comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en representación de terceros. Ninguna
ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA MUTUALIDAD DE PROCURADORES Y EL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE Convenio de colaboración, publicidad y divulgación de la Mutualidad de Procuradores. Ninguna
ACUERDO DE COLABORACIÓN SOCIAL ENTRE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, PARA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE AUTOLIQUIDACIONES, DECLARACIONES, COMUNICACIONES Y OTROS DOCUMENTOS TRIBUTARIOS EN REPRESENTACIÓN DE TERCERAS PERSONAS. Convenio para la presentación y pago de autoliquidaciones, así como para la presentación de declaraciones, comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en representación de terceros. Ninguna
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y EL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE S.C. DE TENERIFE PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS, TRABAJO FIN DE GRADO Y TRABAJO FIN DE MÁSTER, DEL ALUMNADO DE LAS TITULACIONES DE GRADO Y DE MÁSTER OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Convenio para la realización de prácticas externas, Trabajo fin de grado y master del alumnado de las titlaciones de grado y máster oficiales de la Universidad de La Laguna. Ninguna

2022

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ha suscrito los siguientes CONVENIOS con Administraciones Públicas durante el año 2022:

DENOMINACIÓN OBJETO MODIFICACIÓN
CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO GENERAL DE LOS PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA Y EL COLEGIO DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE PARA LA UTILIZACION POR EL COLEGIO DE LA APLICACIÓN DE COMUNICACIONES ELECTRONICAS CERTIFICADAS DEL CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES Convenio para la utilización de las comunicaciones electrónicas certificadas del Consejo General de Procuradores Ninguna
DOCUMENTO DE ADHESIÓN DEL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA Y LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA Convenio para la presentación y pago de autoliquidaciones, así como para la presentación de declaraciones, comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en representación de terceros. Ninguna
ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA MUTUALIDAD DE PROCURADORES Y EL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE Convenio de colaboración, publicidad y divulgación de la Mutualidad de Procuradores. Ninguna

(Información actualizada a 15 de abril de 2026)

09. AYUDAS Y SUBVENCIONES

2025

El ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ha recibido las siguientes ayudas y/o subvenciones públicas durante el año 2025:

Importe Periodo de ejecución Organismo de la concede Concepto o finalidad
40.000,00€ Año 2025 Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Subvención para el mantenimiento del servicio de recepción de notificaciones y traslado de escritos (desde el Consejo de Colegios de Procuradores de Canarias)
514.692,00€ Primer Trimestre 2025 Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Subvención para el pago de la compensación económica por las actuaciones de los procuradores en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita
384.438,00€ Segundo Trimestre 2025 Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Subvención para el pago de la compensación económica por las actuaciones de los procuradores en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita
404.006,70€ Tercer Trimestre 2025 Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Subvención para el pago de la compensación económica por las actuaciones de los procuradores en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita

El ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE no ha concedido subvenciones ni ayudas públicas como consecuencia del ejercicio de potestades administrativas en el ejercicio 2025.

2024

El ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ha recibido las siguientes ayudas y/o subvenciones públicas durante el año 2024:

Importe Periodo de ejecución Organismo de la concede Concepto o finalidad
40.000€ Año 2024 Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Subvención para el mantenimiento del servicio de recepción de notificaciones y traslado de escritos (desde el Consejo de Colegios de Procuradores de Canarias)
405.399,00€ Primer Trimestre 2024 Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Subvención para el pago de la compensación económica por las actuaciones de los procuradores en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita
513.417,00€ Segundo Trimestre 2024 Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Subvención para el pago de la compensación económica por las actuaciones de los procuradores en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita
261.222,00€ Tercer Trimestre 2024 Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Subvención para el pago de la compensación económica por las actuaciones de los procuradores en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita
426.411,00€ Cuarto Trimestre 2024 Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Subvención para el pago de la compensación económica por las actuaciones de los procuradores en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita

2023

El ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ha recibido las siguientes ayudas y/o subvenciones públicas durante el año 2023:

Importe Periodo de ejecución Organismo de la concede Concepto o finalidad
40.000€ Año 2023 Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Subvención para el mantenimiento del servicio de recepción de notificaciones y traslado de escritos (desde el Consejo de Colegios de Procuradores de Canarias)
105.243,60€ Año 2023 Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Subvención para el pago de la compensación económica por los gastos de infraestructura y funcionamiento derivados de la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita
193.443,00€ Primer Trimestre 2023 Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Subvención para el pago de la compensación económica por las actuaciones de los procuradores en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita
313.293,00€ Segundo Trimestre 2023 Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Subvención para el pago de la compensación económica por las actuaciones de los procuradores en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita
277.440,00€ Tercer Trimestre 2023 Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Subvención para el pago de la compensación económica por las actuaciones de los procuradores en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita
344.148,00€ Cuarto Trimestre 2023 Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Subvención para el pago de la compensación económica por las actuaciones de los procuradores en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita

2022

El ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ha recibido las siguientes ayudas y/o subvenciones públicas durante el año 2022:

Importe Periodo de ejecución Organismo de la concede Concepto o finalidad
40.000€ Año 2022 Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Subvención para el mantenimiento del servicio de recepción de notificaciones y traslado de escritos (desde el Consejo de Colegios de Procuradores de Canarias)
245.305,92€ Primer Trimestre 2022 Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Subvención para el pago de la compensación económica por las actuaciones de los procuradores en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita
267.864,24€ Segundo Trimestre 2022 Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Subvención para el pago de la compensación económica por las actuaciones de los procuradores en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita
195.822,66€ Tercer Trimestre 2022 Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Subvención para el pago de la compensación económica por las actuaciones de los procuradores en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita
268.260,00€ Cuarto Trimestre 2022 Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Subvención para el pago de la compensación económica por las actuaciones de los procuradores en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita

(Información actualizada a 2 de junio de 2026)

10. DERECHO DE ACCESO

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN:

Todas las personas tienen derecho a solicitar cualquier información que obre en poder de las instituciones y organizaciones públicas como consecuencia del desarrollo de sus funciones.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

  • De forma telemática:
  • Presencial: en la sede del ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

REQUISITOS:

  • Identidad del solicitante
  • Información solicitada
  • Dirección de contacto, preferiblemente electrónica.

PROCEDIMIENTO:

El órgano competente para resolver las solicitudes de información es la junta de Gobierno.

El plazo de resolución será de un mes a partir de la fecha de entrada de la solicitud.

RECURSOS:

En caso de no estar de acuerdo con la resolución podrá imponer recurso ante el Comisionado de Transparencia Canaria.

FORMULARIO DE CONTACTO:

Puede realizar cualquier sugerencia, consulta o petición de información a través del siguiente FORMULARIO DE CONTACTO (recuerde que si la respuesta no es de su agrado, puede dirigirse al Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias.):

    acepto la política de privacidad
    acepto el aviso legal
    acepto la política de cookies

    2025

    El ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE no ha recibido ninguna solicitud de información

    El ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE no ha dictado resoluciones denegatorias.

    2024

    El ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE no ha recibido ninguna solicitud de información

    El ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE no ha dictado resoluciones denegatorias.

    2023

    El ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE no ha recibido ninguna solicitud de información

    El ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE no ha dictado resoluciones denegatorias.

    2022

    El ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE no ha recibido ninguna solicitud de información

    El ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE no ha dictado resoluciones denegatorias.

    11. GRADO DE APLICACIÓN DE LA LEY 12/2014

    2025

    Se presenta el informe provisional de la evaluación de Transparencia del ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE del año 2025, a la espera de la definitiva.

    (Información actualizada a 2 de junio de 2026)