PORTAL DE TRANSPARENCIA

Bienvenido al portal de transparencia del COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA.

Éste se ha creado con los criterios establecidos por:

Enlaces de interés:

01 

Información institucional

02

Información organizativa

03

Miembros electos

04

Retribuciones

05

Servicios y procedimientos

06

Económica financiera

07

Contratos

08

Convenios

09

Ayudas y subvenciones

10

Derecho de acceso

01. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

El COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA fue fundado el 23 de abril de 2003, fecha en la que se segrega del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gran Canaria y Fuerteventura la Delegación de Fuerteventura.

CIF:

Q-3500347-D

SEDE CORPORATIVA:

Calle República de Ecuador 5, 35600 – PUERTO DEL ROSARIO

CONTACTO:

Teléfono: 928 852 472 – 699 729 134
Correo electrónico: colegio@coaatfuerteventura.es
Página web: www.coaatfuerteventura.es

HORARIO:

De Lunes a viernes de 8:30 – 13:30 horas

FUNCIONES: 

El Colegio está orientado a la ordenación del ejercicio de la profesión de la arquitectura técnica en las diferentes formas; la representación y defensa en exclusiva de los intereses profesionales de los colegiados ante la Administración, Instituciones, Tribunales, entidades y particulares, dentro de su ámbito territorial; y atender los servicios requeridos por los colegiados y sus clientes, que sean necesarios para una eficaz prestación de los servicios profesionales, en cumplimiento de la normativa sobre defensa de los consumidores y usuarios, y de la sociedad en general.

El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Fuerteventura es una Corporación de Derecho Público, amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Como tal, se halla legitimado para defender los intereses profesionales con capacidad para ser parte en todo litigio que afecte a los mismos. Además evita el intrusismo profesional y la competencia desleal.

Su objetivo fundamental es velar porque el ejercicio de la profesión se ajuste a la ética y dignidad profesional, ejerciendo la facultad disciplinaria.

HISTORIA:

Tras un largo periodo de negociaciones entre Colegiados del COAAT de Gran Canaria y Fuerteventura residentes en esta Isla, con el fin de segregarse del Colegio de Gran Canaria, se llega finalmente a un acuerdo de segregación que se plasma el 23 de abril de 2003, fecha en la que la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de Canarias, publica en el Boletín Oficial de Canarias el DECRETO 38/2003 DE 7 de abril , por el cual se segrega del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gran Canaria y Fuerteventura la Delegación de Fuerteventura.

En ese momento todos los Colegiados residentes en la isla de Fuerteventura pasan a ser los primeros Colegiados del nuevo Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Fuerteventura, y empiezan un duro trabajo para establecer los cimientos de un nuevo Colegio.

Después de unos meses de reuniones se realizan las primeras elecciones del COAAT Fuerteventura, donde los resultados electorales dan como resultado la primera Junta de Gobierno Oficial del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Fuerteventura.

Esta primera Junta de Gobierno sólo tuvo dos años de legislatura, es decir, desde junio de 2003 hasta junio de 2005, coincidiendo, como todos los Colegios del territorio nacional con las Elecciones de Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, que se celebran cada 4 años.

A día de hoy, tras 20 años siendo un Colegio independiente, ya se han formado 6 Juntas de Gobierno.

Actualmente, el Colegio cuenta con 93 colegiados, de los cuales 88 son residentes y 5 No residentes.

INFORMACIÓN ECONÓMICA:

El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Fuerteventura tiene un Capital Social de 117.761.63€.

El Colegio se financia por las cuotas trimestrales que se le cobra a cada uno de los colegiados que componen el Colegio. La cuota trimestral es de 50€ por colegiado.

Además, por el visado/registro de las intervenciones que presentan los colegiados, se cobra una Cuota de Intervención Profesional.

02. INFORMACIÓN ORGANIZATIVA

Esta es la normativa de aplicación al COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA:

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:

Los órganos de gobierno y dirección de la administración del Colegio son la Asamblea General de Colegiados y la Junta de Gobierno.

La ASAMBLEA GENERAL es el máximo órgano del Colegio, está constituida por todos aquellos colegiados que se encuentren en pleno uso de sus derechos y sus funciones se enumeran en el Artículo 26 de los Estatutos.

  • Se reunirán tres veces al año con carácter ordinario.

La JUNTA DE GOBIERNO tiene como función dirigir, administrar y gobernar el Colegio y sus funciones específicas están enumeradas en el Artículo 40 de los Estatutos.

  • Se reunirán de forma ordinaria, como mínimo, una vez al mes.

Es el órgano rector al que corresponde la plena dirección, administración y gobierno del Colegio, desarrollando la actividad necesaria para el eficaz cumplimiento de sus fines y funciones, sin perjuicio de las atribuciones de la Junta General de Colegiados, según se recoge en el art. 46 de los Estatutos Particulares.
Está formada por siete colegiados que, reuniendo los requisitos establecidos estatutariamente, son elegidos democráticamente mediante proceso electoral cada cuatro años. En la actualidad está formada por los siguientes componentes:

Presidente: Jorge Javier Ávila Acosta
Ostenta la representación legal del Colegio, ejerciendo todas aquellas funciones que señalen los Estatutos Generales, los Estatutos Particulares y los Reglamentos de Régimen Interno.

Secretaria: Miriam Gómez Vidal
Tiene a su cargo la documentación del Colegio, levanta actas de todas las reuniones que se celebren y expide las certificaciones que se soliciten, con el visto bueno del Presidente, dirige los servicios administrativos.

Tesorero: Aday Vera Calero
Ordenar la contabilidad y régimen general de cuentas del colegio, tomar nota los cobros y pagos efectuados, firmar con el Presidente los documentos necesarios para los movimientos de fondos del colegio tomando las garantías precisas para salvaguardar dichos fondos y patrimonio del Colegio. Preparar el proyecto de presupuesto anual y su liquidación y tener a su cargo la custodia y distribución de los recursos del Colegio.

Vocal Cultura: Jose A. Otero Prieto
Se encarga de todo lo relacionado con la formación del Colegio, eventos y temas culturales.

Vocal Técnico Visados: Juan Manuel Díaz Buenestado
Tiene como finalidad informar al Colegiado en las novedades técnicas, así como leyes, reglamentos, normativas y sentencias relacionadas con la profesión. Además, se encarga del departamento de visados, donde coordina la gestión administrativa de las intervenciones profesionales presentadas para su Visado.

Vocal Seguros: Eliseo A. Pérez Hernández
Es el encargado de estar al corriente con las novedades de las aseguradoras con las que colaboramos.

Vocal Administraciones: Ayoze Calero Saavedra
Su función principal es la de coordinar y dialogar con las entidades públicas las actualizaciones de la profesión con el fin de ofrecer una mayor facilidad de trámites para los Colegiados/as.

ORGANIGRAMA:

03. MIEMBROS ELECTOS Y PERSONAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO

MIEMBROS ELECTOS:

A continuación se muestran los miembros actuales de la Junta de Gobierno del Colegio, integrada por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y  Vocales, vigentes desde el 27 de mayo de 2025.
Presidente Secretaria Tesorero Vocal Cultura Vocal Técnico Visados Vocal Seguros Vocal Administraciones

D. Jorge Javier Ávila Acosta

Dña. Miriam Gómez Vidal

D. Aday Vera Calero

D. José Ángel Otero

D. Juan Manuel Díaz Buenestado

D. Eliseo A. Pérez Hernández

D. Ayoze Vera Calero

MÉRITOS :

Perfil, méritos académicos y trayectoria profesional de cada una de las personas responsables.

PERSONAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO:

Los empleados del Colegio no ostentan la condición de empleados públicos ni los Estatutos Colegiales contemplan la figura del personal de libre nombramiento.

La materia de personal colegial es ajena al ejercicio de las funciones públicas que corresponden al Colegio, por lo que no le es de aplicación a la misma la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

A continuación se recogen los empleados en plantilla del Colegio:

Área Cargo Nombre Correo
Administración Administrativa ADMIN 1 colegio@coaatfuerteventura.es

04. RETRIBUCIONES

Las retribuciones del año 2025 de los miembros de la junta de gobierno del Coaat de Fuerteventura son las que siguen:

PRESIDENTE SECRETARIO TESORERO VOCAL VISADO VOCAL CULTURA VOCAL SEGUROS VOCAL ADMINISTRACIONES
2.336,50€ 263,50€ 263,50€ 759,70€ 285,20€ 745,20€ 285,20€

Las retribuciones del año 2024 de los miembros de la junta de gobierno del Coaat de Fuerteventura son las que siguen:

PRESIDENTE SECRETARIO TESORERO VOCAL VISADO VOCAL CULTURA VOCAL SEGUROS VOCAL
3.760,00€ 670,00€ 970,00€ 520,00€ 1.070,00€ 1.420,00€ 660,00€

Las retribuciones del año 2023 de los miembros de la junta de gobierno del Coaat de Fuerteventura son las que siguen:

PRESIDENTE SECRETARIO TESORERO VOCAL VISADO VOCAL CULTURA VOCAL SEGUROS VOCAL
3.000,00€ 2.070,00€ 820,00€ 620,00€ 720,00€ 1.020,00€ 520,00€

Las retribuciones del año 2022 de los miembros de la junta de gobierno del Coaat de Fuerteventura son las que siguen:

PRESIDENTE SECRETARIO TESORERO VOCAL VISADO VOCAL CULTURA VOCAL SEGUROS
3.339,68€ 720,00€ 670,00€ 1.370,00€ 720,00€ 620,00€

Las retribuciones del año 2021 de los miembros de la junta de gobierno del Coaat de Fuerteventura son las que siguen:

PRESIDENTE SECRETARIO TESORERO VOCALES
2.916,40€ 616,90€ 929,20€ 278, 20€ c/u

05. SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS

A continuación, se presenta el Registro de Actividades de Tratamiento del COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA:

El COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA ha implementado un CANAL INTERNO DE INFORMACIÓN acorde a la Ley 2/2023, cuyos principios básicos de gestión se recogen en el siguiente ENLACE  y a continuación:

La presente Política de Canal de Denuncias tiene por objeto establecer la política de funcionamiento y gestión del Canal de Denuncias del COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA; de forma que establezca un sistema que permita la identificación de conductas ilícitas, irregulares, malas prácticas o cualquier acción inconveniente equivalente. Para ello, se habilita el presente Canal para el envío de las denuncias; que podrán ser enviadas por todos los grupos de interés (empleados, colaboradores, proveedores, particulares, etc.).

1.1. Principios rectores del Canal de Denuncias.

Este sistema se cimentará sobre los siguientes principios rectores:

  • Accesibilidad. Se ha procurado que este Canal sea claro y de acceso sencillo.
  • Información. Todos los grupos de interés que pudieran hacer uso de este sistema estarán informados de su existencia; así como de la posibilidad de utilizar esta vía.
  • Transparencia. El procedimiento y demás detalles sobre los términos que rigen el Canal de Denuncias están expuestos en su totalidad en la presente Política, que será publicada en aras de que cualquiera de los posibles interesados pueda consultarla en cualquier momento.
  • Buena fe. Las denuncias realizadas a través de este Canal deberán regirse por el principio de buena fe; pudiendo el COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA adoptar las medidas que considere necesarias ante aquellas denuncias injustificadamente reiterativas y/o sospechosas de temeridad o mala fe.
  • Confidencialidad. Las personas que hagan uso de este sistema estarán protegidas por la más estricta confidencialidad (tanto su identidad como el contenido de la propia denuncia); permitiéndose, además, las denuncias anónimas.
  • Imparcialidad. Todas las denuncias tramitadas se resolverán partiendo de la presunción de inocencia de las personas involucradas; así como se les dará curso desde una posición objetiva e imparcial, así como con respeto absoluto al derecho de defensa.
  • Eficiencia. Todas las comunicaciones presentadas obtendrán respuesta en la mayor brevedad que las circunstancias permitan.

Exhaustividad e integridad de la información. Durante la tramitación y resolución de las denuncias se buscará exhaustivamente conocer la veracidad de los hechos.

1.1. Quiénes pueden denunciar a través del Canal de Denuncias.

Este sistema estará a disposición de los siguientes grupos de interés, facilitándoles una vía directa de comunicación para transmitir cualquier irregularidad o comportamiento ilícito de la que tengan conocimiento. Estos grupos de interés incluyen;

  • Proveedores y colaboradores.

1.2. Quiénes pueden ser denunciados a través del Canal de Denuncias.

Podrán ser objeto de denuncia los empleados, proveedores, colaboradores e integrantes de este organismo que hayan cometido alguna irregularidad o actuación ilícita de las previstas en el ámbito objetivo de la presente política. Esto es, sin perjuicio de las vías que legalmente se establezcan para resolución de conflictos por vía judicial.

  • Exenciones y atenuantes.

Cuando una persona que hubiera participado en la comisión de la infracción administrativa objeto de la información sea la que informe de su existencia mediante la presentación de la información y siempre que la misma hubiera sido presentada con anterioridad a que hubiera sido notificada la incoación del procedimiento de investigación o sancionador, la autoridad competente, mediante resolución motivada, podrá eximirle del cumplimiento de la sanción administrativa que le correspondiera siempre que resulten acreditados en el expediente los siguientes extremos:

  1. Haber cesado en la comisión de la infracción en el momento de presentación de la comunicación o revelación e identificado, en su caso, al resto de las personas que hayan participado o favorecido aquella.
  2. Haber cooperado plena, continua y diligentemente a lo largo de todo el procedimiento de investigación.
  3. Haber facilitado información veraz y relevante, medios de prueba o datos significativos para la acreditación de los hechos investigados, sin que haya procedido a la destrucción de estos o a su ocultación, ni haya revelado a terceros, directa o indirectamente su contenido.
  4. Haber procedido a la reparación del daño causado que le sea imputable.

Cuando estos requisitos no se cumplan en su totalidad, incluida la reparación parcial del daño, quedará a criterio de la órgano competente para resolver el procedimiento, previa valoración del grado de contribución a la resolución del expediente, la posibilidad de atenuar la sanción que habría correspondido a la infracción cometida, siempre que el informante o autor de la revelación no haya sido sancionado anteriormente por hechos de la misma naturaleza que dieron origen al inicio del procedimiento.

La atenuación de la sanción podrá extenderse al resto de los participantes en la comisión de la infracción, en función del grado de colaboración activa en el esclarecimiento de los hechos, identificación de otros participantes y reparación o minoración del daño causado, apreciado por el órgano encargado de la resolución.

De la Ley 2/2023 (de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción) y la Directiva (UE) 2019/1937 (relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión) se desprende que este canal interno de información podrá utilizarse para transmitir lo siguiente;

  1. Infracciones que estén bajo el ámbito de aplicación de lo actos de la Unión Europea enumerados en el anexo de la Directiva arriba referida relativa a los siguientes ámbitos:
    1. contratación pública,
    2. servicios, productos y mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,
    3. seguridad de los productos y conformidad,
    4. seguridad del transporte,
    5. protección del medio ambiente,
    6. protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear,
    7. seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales,
    8. salud pública,
    9. protección de los consumidores,
    10. protección de la privacidad y de los datos personales, y seguridad de las redes y los sistemas de información.
  2. Comportamientos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea tal y como se contemplan en el Art. 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
  3. Comportamientos que incidan en el mercado interior, tal y como se contemplan en el artículo 26, apartado 2 del TFUE, incluidas las infracciones de las normas de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o a prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable al impuesto sobre sociedades.
  4. Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave. En todo caso, se entenderán comprendidas todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.
  5. Infracciones del derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo de las que informen los trabajadores, sin perjuicio de lo establecido en su normativa específica.
  6. Incumplimientos de normativa interna aplicable.

De lo anterior se deduce que este Canal de Denuncias no se utilizará cuando el denunciante no tenga una relación profesional o laboral con el COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA. Cabe señalar que este Canal no es el cauce adecuado para cuestiones relacionadas con los servicios que ofrece el COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA o sus colegiados; por disponer tales asuntos de su propia vía (Queja-Deontología profesional).

Asimismo, según expone la propia Ley 2/2023 (Preámbulo, parte III), se excluyen del ámbito de aplicación material los supuestos que se rigen por su normativa específica; esto es, aquella que regula los mecanismos para informar sobre infracciones y proteger a los informantes previstas por leyes sectoriales o por los instrumentos de la Unión Europea enumerados en la parte II del anexo de la Directiva (UE) 2019/1937.

1.1. Gestión de comunicaciones.

Todas las comunicaciones estarán sujetas a la posibilidad de anonimidad. En todo caso se protegerá la identidad del denunciante, manteniéndose confidencial y quedando limitada al conocimiento del responsable del canal.

Tras la recepción de una denuncia se remitirá acuse de recibo de la comunicación en el plazo máximo de 7 días naturales siguientes a tal recepción; salvo que excepcionalmente ello pueda poner en peligro la confidencialidad de la comunicación. El siguiente paso será el análisis preliminar de la denuncia, en el que se valorará los requisitos de forma exigidos y la inclusión en el ámbito objetivo del Canal de Denuncias de los hechos comunicados; denegándose la admisión a trámite de aquellas denuncias que no cumplan tales condiciones, y procediéndose a eliminar inmediatamente los datos personales en ellas contenidos.

El plazo máximo de las actuaciones de investigación será de 3 meses a contar desde la recepción de la comunicación o, si no se remitió un acuse de recibo al informante, a tres meses a partir del vencimiento del plazo de siete días después de efectuarse la comunicación, salvo casos de especial complejidad que requieran una ampliación del plazo, en cuyo caso, este podrá extenderse hasta un máximo de otros tres meses adicionales. En relación con ello, el COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA mantendrá abierta las comunicaciones con el denunciante; pudiendo solicitarle información adicional.

Las personas afectadas tendrán derecho a estar informados de las acciones u omisiones que el denunciante les atribuye, así como a ser oídas en cualquier momento del procedimiento. La comunicación de las acciones u omisiones referidas se realizarán en el tiempo y forma pertinentes en garantía del buen cauce de la investigación. En este sentido, en todo caso se respetará rigurosamente la de presunción de inocencia y el honor de las personas afectadas.

1.2. Inadmisión a trámite.

La inadmisión a trámite de las comunicaciones podrá producirse cuando se den alguna de las siguientes circunstancias:

  • Cuando los hechos relatados carezcan de toda verosimilitud.
  • Cuando los hechos relatados no sean constitutivos de infracción del ordenamiento jurídico incluida en el ámbito de aplicación de esta ley.
  • Cuando la comunicación carezca manifiestamente de fundamento o existan, a juicio del responsable indicios racionales de haberse obtenido mediante la comisión de un delito. En este último caso, además de la inadmisión, se remitirá al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de los hechos que se estimen constitutivos de delito.
  • Cuando la comunicación no contenga información nueva y significativa sobre infracciones en comparación con una comunicación anterior respecto de la cual han concluido los correspondientes procedimientos, a menos que se den nuevas circunstancias de hecho o de Derecho que justifiquen un seguimiento distinto.

La inadmisión se comunicará al informante dentro de los cinco días hábiles siguientes, salvo que la comunicación fuera anónima o el informante hubiera renunciado a recibir comunicaciones.

1.3. Resolución del expediente.

Una vez finalicen las actuaciones de investigación, a tenor de los resultados que ésta arroje, se formulará una propuesta de resolución que podrá plantear; el archivo de la denuncia o, en su defecto, la sanción a aplicar. Cuando se considere procedente la imposición de una sanción, ésta será ejecutada por el responsable que corresponda según la tipología de sancionado; a tenor de lo dispuesto en el documento de Responsabilidades en el Canal de Denuncias, que pueden consultar en cualquier momento.

1.4. Comunicaciones a la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.)

  • Recepción y registro de las comunicaciones.

Toda persona física podrá informar ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., o ante las autoridades u órganos autonómicos correspondientes, de la comisión de cualesquiera acciones u omisiones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2023 de 20 de febrero, ya sea directamente o previa comunicación a través del correspondiente canal interno.

La información puede llevarse a cabo de forma anónima. La información se podrá realizar por escrito, a través de correo postal o a través de cualquier medio electrónico habilitado al efecto dirigido al canal externo de informaciones de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., o verbalmente, por vía telefónica o a través de sistema de mensajería de voz. A solicitud del informante, también podrá presentarse mediante una reunión presencial, dentro del plazo máximo de siete días. En los casos de comunicación verbal se advertirá al informante de que la comunicación será grabada y se le informará del tratamiento de sus datos de acuerdo con lo que establecen el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

Al presentar la información, el informante podrá indicar un domicilio, correo electrónico o lugar seguro a efectos de recibir las notificaciones, pudiendo asimismo renunciar expresamente a la recepción de cualquier comunicación de actuaciones llevadas a cabo por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. como consecuencia de la información.

En caso de comunicación verbal, incluidas las realizadas a través de reunión presencial, telefónicamente o mediante sistema de mensajería de voz, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. deberá documentarla de alguna de las maneras siguientes:

  1. mediante una grabación de la conversación en un formato seguro, duradero y accesible, o
  2. a través de una transcripción completa y exacta de la conversación realizada por el personal responsable de tratarla.

Sin perjuicio de los derechos que le corresponden de acuerdo con la normativa sobre protección de datos, se ofrecerá al informante la oportunidad de comprobar, rectificar y aceptar mediante su firma la transcripción del mensaje.

Registrada la información, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., deberá comprobar si aquella expone hechos o conductas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación. Habiendo realizado este análisis preliminar, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., decidirá, en un plazo que no podrá ser superior a diez días hábiles desde la fecha de entrada en el registro de la información sobre la admisión o inadmisión de la comunicación realizada (coincidiendo los motivos de inadmisión con los anteriormente indicados para el canal interno de información).

  • Instrucción.

La instrucción comprenderá todas aquellas actuaciones encaminadas a comprobar la verosimilitud de los hechos relatados.

Se garantizará que la persona afectada por la información tenga noticia de ésta, así como de los hechos relatados de manera sucinta. Adicionalmente se le informará del derecho que tiene a presentar alegaciones por escrito y del tratamiento de sus datos personales. No obstante, esta información podrá efectuarse en el trámite de audiencia si se considerara que su aportación con anterioridad pudiera facilitar la ocultación, destrucción o alteración de las pruebas.

En ningún caso se comunicará a los sujetos afectados la identidad del informante ni se dará acceso a la comunicación. Durante la instrucción se dará noticia de la comunicación con sucinta relación de hechos al investigado. Esta información podrá efectuarse en el trámite de audiencia si se considera que su aportación con anterioridad pudiera facilitar la ocultación, destrucción o alteración de las pruebas.

Sin perjuicio del derecho a formular alegaciones por escrito, la instrucción comprenderá, siempre que sea posible, una entrevista con la persona afectada en la que, siempre con absoluto respeto a la presunción de inocencia, se le invitará a exponer su versión de los hechos y a aportar aquellos medios de prueba que considere adecuados y pertinentes.

A fin de garantizar el derecho de defensa de la persona afectada, la misma tendrá acceso al expediente sin revelar información que pudiera identificar a la persona informante, pudiendo ser oída en cualquier momento, y se le advertirá de la posibilidad de comparecer asistida de abogado.

Todas las personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, deberán colaborar con las autoridades competentes y estarán obligadas a atender los requerimientos que se les dirijan para aportar documentación, datos o cualquier información relacionada con los procedimientos que se estén tramitando, incluso los datos personales que le fueran requeridos.

  • Terminación de las actuaciones.

Concluidas todas las actuaciones, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. emitirá un informe que contendrá al menos: exposición de los hechos junto al código de identificación de la comunicación y la fecha de registro, clasificación de la comunicación a efectos de conocer su prioridad o no en su tramitación, actuaciones de investigación para comprobar la verosimilitud de los hechos, conclusiones de la instrucción y valoración de las diligencias e indicios que la sustentan.

Emitido el informe, adoptará alguna de las siguientes actuaciones;

  • Archivo del expediente, que será notificado al informante y, en su caso, a la persona afectada. En estos supuestos, el informante tendrá derecho a la protección prevista en esta ley, salvo que, como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo en fase de instrucción, se concluyera que la información a la vista de la información recabada debía haber sido inadmitida por concurrir alguna de las causas previstas.
  • Remisión al Ministerio Fiscal si, pese a no apreciar inicialmente indicios de que los hechos pudieran revestir el carácter de delito, así resultase del curso de la instrucción. Si el delito afectase a los intereses financieros de la Unión Europea, se remitirá a la Fiscalía Europea.
  • Traslado de todo lo actuado a la autoridad competente.
  • Adopción de acuerdo de inicio de un procedimiento sancionador.

El plazo para finalizar las actuaciones y dar respuesta al informante, en su caso, no podrá ser superior a tres meses desde la entrada en registro de la información. Cualquiera que sea la decisión, se comunicará al informante, salvo que haya renunciado a ello o que la comunicación sea anónima.

1.1. Condiciones de protección.

Las personas que comuniquen o revelen infracciones incluidas en el ámbito objetivo de la presente política tendrán derecho a que se garantice su protección siempre que concurran las siguientes circunstancias:

  1. Motivos razonables para pensar que la información referida es veraz en el momento de la comunicación o revelación, aun cuando no aporten pruebas concluyentes, y que la citada información entre dentro del mencionado ámbito objetivo.
  2. La comunicación o revelación se haya realizado conforme a los requerimientos previstos en esta política.

Quedan expresamente excluidos de la protección prevista en esta política aquellas personas que comuniquen o revelen:

  1. Informaciones contenidas en comunicaciones que hayan sido inadmitidas por algún canal interno de información.
  2. Informaciones vinculadas a reclamaciones sobre conflictos interpersonales o que afecten únicamente al informante y a las personas a las que se refiera la comunicación o revelación.
  3. Informaciones que ya estén completamente disponibles para el público o que constituyan meros rumores.
  4. Informaciones que se refieran a acciones u omisiones no comprendidas el ámbito objetivo de este documento.

Las personas que hayan comunicado o revelado públicamente información sobre acciones u omisiones incluidas en el ámbito objetivo de esta política de forma anónima, pero que posteriormente hayan sido identificadas y cumplan las condiciones previstas en esta ley, tendrán derecho a la protección que la misma contiene.

Las personas que informen ante las instituciones, órganos u organismos pertinentes de la Unión Europea infracciones que entren en el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, tendrán derecho a protección con arreglo a lo dispuesto en esta ley en las mismas condiciones que una persona que haya informado por canales externos.

1.2. Prohibición de represalias.

Conforme a la Ley 2/2023 quedan prohibidas expresamente los actos constitutivos de represalia, incluidas las amenazas de represalia y las tentativas de represalia contra las personas que presenten una comunicación conforme a lo previsto en esta política. Esto es, entendiéndose por represalia cualquier acto u omisión prohibidos por la ley o que, directa o indirectamente, supongan un trato desfavorable que sitúe a las personas que las sufren en desventaja particular con respecto a otra en el contexto laboral o profesional, solo por su condición de informantes, o por haber realizado una revelación pública.

A título enunciativo, se considerarán represalias aquellas adoptadas en forma de:

  • Suspensión del contrato de trabajo, despido o extinción de la relación laboral o estatutaria, incluyendo la no renovación o la terminación anticipada de un contrato de trabajo temporal una vez superado el período de prueba, o terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o servicios, imposición de cualquier medida disciplinaria, degradación o denegación de ascensos y cualquier otra modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la no conversión de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido, en caso de que el trabajador tuviera expectativas legítimas de que se le ofrecería un trabajo indefinido; salvo que estas medidas se llevaran a cabo dentro del ejercicio regular del poder de dirección al amparo de la legislación laboral o reguladora del estatuto del empleado público correspondiente, por circunstancias, hechos o infracciones acreditadas, y ajenas a la presentación de la comunicación.
  • Daños, incluidos los de carácter reputacional, o pérdidas económicas, coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo.
  • Evaluación o referencias negativas respecto al desempeño laboral o profesional.
  • Inclusión en listas negras o difusión de información en un determinado ámbito sectorial, que dificulten o impidan el acceso al empleo o la contratación de obras o servicios.
  • Denegación o anulación de una licencia o permiso.
  • Denegación de formación.
  • Discriminación, o trato desfavorable o injusto.

La persona que viera lesionados sus derechos por causa de su comunicación o revelación una vez transcurrido el plazo de dos años podrá solicitar la protección de la autoridad competente que, excepcionalmente y de forma justificada, podrá extender el período de protección, previa audiencia de las personas u órganos que pudieran verse afectados. La denegación de la extensión del período de protección deberá estar motivada.

Todas las aquellas personas que tengan conocimiento de las comunicaciones realizadas a través del Canal de Denuncias están sujetas al más estricto deber de confidencialidad sobre la identidad de la persona denunciante y el contenido de la denuncia. Se procurará que tales personas sean las mínimas estrictamente necesarias para llevar a cabo el procedimiento descrito en el presente documento.

1.3. Medidas de protección.

  • Frente a represalias.

No se entenderá que las personas que comuniquen información sobre las acciones u omisiones a las que se refiere esta política o que hagan una revelación pública de conformidad con esta política, hayan cometido una infracción de revelación de información; sin que, por tanto, incurran en ningún tipo de responsabilidad en relación con tal comunicación o revelación pública, siempre que tuvieran motivos razonables para pensar que la comunicación o revelación pública de dicha información era necesaria para revelar una acción u omisión en virtud de la referida ley, todo ello sin perjuicio de la normativa específica para  las personas que informen sobre infracciones del Derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esta medida no afectará a las responsabilidades de carácter penal; e incluye a la información comunicada por los representantes de las personas trabajadoras, aunque se encuentren sometida a obligaciones legales de sigilo o de no revelar información reservada.

Los denunciantes no incurrirán en responsabilidad respecto de la adquisición o el acceso a la información que es comunicada o revelada públicamente, siempre que dicha adquisición o acceso no constituya un delito. Cualquier otra responsabilidad de los denunciantes derivada de actos u omisiones que no estén relacionados con la comunicación o la revelación pública o que no sean necesarios para revelar una infracción en los términos de esta política.

Cuando existan perjuicios para la persona denunciante (y se haya probado la legítima revelación y los perjuicios ocasionados) se presumirá ante el órgano jurisdiccional u otra autoridad correspondiente que los perjuicios constituyeron una represalia por la comunicación de información o revelación pública. Corresponderá entonces a la persona que tomara la medida causante del perjuicio probar que existieron motivos debidamente justificados y no vinculados a la denuncia.

  • De las personas afectadas.

Durante la tramitación de las denuncias, las personas afectadas por éstas tienen derecho a la presunción de inocencia, al derecho de defensa y al derecho de acceso al expediente en los términos que esta política establece; así como a la misma protección dispuesta para los denunciantes, preservándose su identidad y garantizándose la confidencialidad de los hechos y datos del procedimiento.

1.4. Medidas de apoyo previstas por las autoridades competentes.

Las personas que comuniquen o revelen infracciones en los términos de esta política y a través del procedimiento en ésta previsto, accederán a las siguientes medidas de apoyo:

  1. Información y asesoramiento completos e independientes, que sean fácilmente accesibles para el público y gratuitos, sobre los procedimientos y recursos disponibles, protección frente a represalias y derechos de la persona afectada.
  2. Asistencia efectiva por parte de las autoridades competentes ante cualquier autoridad pertinente implicada en su protección frente a represalias, incluida la certificación de que pueden acogerse a protección al amparo de la referida ley.
  3. Asistencia jurídica en los procesos penales y en los procesos civiles transfronterizos de conformidad con la normativa comunitaria.
  4. Apoyo financiero y psicológico, de forma excepcional, si así lo decidiese la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. tras la valoración de las circunstancias derivadas de la presentación de la comunicación.

Ello sin perjuicio del apoyo que tuvieran derecho a recibir para la representación y defensa en procedimientos judiciales derivados de la presentación de la comunicación o revelación pública en virtud de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

  • Autoridades competentes.

Las medidas de apoyo previstas en este apartado serán prestadas por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., cuando se trate de infracciones cometidas en el ámbito del sector privado y en el sector público estatal, y, en su caso, por los órganos competentes de las comunidades autónomas, respecto de las infracciones en el ámbito del sector público autonómico y local del territorio de la respectiva comunidad autónoma, así como las infracciones en el ámbito del sector privado, cuando el incumplimiento comunicado se circunscriba al ámbito territorial de la correspondiente comunidad autónoma. Ello sin perjuicio de las medidas de apoyo y asistencia específicas que puedan articularse por la entidades públicas y privadas.

El medio de comunicación de la información será a aplicación electrónica establecida específicamente para tal fin, identificada y accesible desde nuestra web.

Aquellas denuncias remitidas por vías no establecidas para ello o a miembros del personal no responsable de su tratamiento, se remitirán inmediatamente al Responsable del sistema. Asimismo, cuando existan indicios del carácter delictivo de los hechos comunicados; se procederá inmediatamente a su remisión al Ministerio Fiscal. En caso de que los hechos afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, se remitirá a la Fiscalía Europea.

Contamos con un registro de las informaciones recibidas y de las investigaciones internas a que hayan dado lugar, garantizando, en todo caso, los requisitos de confidencialidad previstos en esta política. Este registro no es público; el acceso total o parcial a su contenido sólo será posible a petición razonada de la Autoridad judicial competente mediante auto, en el marco de un procedimiento judicial y bajo su tutela. Si la información recibida contuviera datos personales incluidos dentro de las categorías especiales de datos, se procederá a su inmediata supresión, sin que se proceda al registro y tratamiento de éstos.

La figura del Responsable del Sistema corresponde con el especificado en el documento de Responsabilidades en el Canal de Denuncias, consultable en cualquier momento, y desarrollará sus funciones de forma independiente y autónoma respecto al resto de órganos de la entidad, contando con los medios personales y materiales para ello, sin que reciba instrucciones de ningún tipo durante su ejercicio.

En relación con la protección de los datos recabados en este canal de denuncias, le informamos de las siguientes cuestiones:

 Responsable del tratamiento.

Responsable COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA
CIF Q3500347D
Dirección Calle Republica de Ecuador 5, 35600 – Puerto del Rosario (Las Palmas)
Correo electrónico colegio@coaatfuerteventura.es
Teléfono 928852472

 Finalidad. Los datos recabados por vía de las comunicaciones realizadas a través de este sistema serán utilizados para:

  • El control, tramitación y gestión de las denuncias enviadas por este canal.
  • El efectivo desarrollo de las actuaciones de investigación incluidas en el procedimiento de gestión de denuncias.
  • Las comunicaciones necesarias en el curso de dicho procedimiento con el denunciante y el denunciado, paralelamente.
  • Elaboración del libro-registro de informaciones recibidas e investigaciones internas a las que éstas hubieran podido dar lugar.

 Legitimación. Esta entidad está legitimada para tratar sus datos personales en base al Art. 6.1.c del Reglamento Europeo de Protección de Datos: “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento”. Esto es, en cumplimiento de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Asimismo, en base al Art. 6.1.e del RGPD: “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”; f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero; a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para el fin específico.

 Conservación. Los datos personales contenidos en el libro-registro de informaciones sólo se conservarán durante el periodo que sea necesario y proporcional a efectos del cumplimiento de esta política y de la ley. En ningún caso se conservarán estos datos por un periodo superior a diez años.

Si se acreditara que la información facilitada o parte de ella no es veraz, se procederá a su inmediata supresión desde el momento en que se tenga constancia de dicha circunstancia; salvo que dicha falta de veracidad pueda constituir un ilícito penal, en cuyo caso se guardará la información por el tiempo necesario durante el que se tramite el procedimiento judicial.

En todo caso, una vez transcurridos tres meses desde la recepción de la denuncia sin que se hubiesen iniciado actuaciones de investigación se procederá a su supresión; salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del sistema. Aquellas denuncias a las que no se haya dado curso sólo podrán constar de forma anonimizada, sin que sea aplicable la obligación de bloqueo prevista en el Art. 32 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

 Destinatarios. Los datos personales contenidos en el Canal de Denuncias estarán limitados al acceso, dentro del ámbito de sus competencias y funciones, de:

  • El Responsable del Sistema y a quien lo gestione directamente.
  • Los diferentes responsables establecidos en función de la tipología de denuncia en el documento de Responsabilidades en el Canal de Denuncias, a disposición de los grupos de interés.
  • Los encargados del tratamiento que eventualmente se designen. Será el titular de la licencia de software que incorpora el canal de denuncia el Responsable del tratamiento y LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S.A. no tendrá más consideración, en su caso, que la de Encargado del Tratamiento de los datos, a los solos efectos de su almacenado, todo ello conforme a las reglas establecidas en las condiciones de uso aceptadas por el titular de la licencia de software con su adquisición.
  • El delegado de protección de datos, si hubiera.

Los sistemas internos de información, los canales externos y quienes reciban revelaciones públicas no obtendrán datos que permitan la identificación del denunciante, contando con las medidas técnicas y organizativas adecuadas para preservar su identidad y garantizar a confidencialidad de los datos correspondientes a las personas afectadas y a cualquier tercero que se mencione en la información suministrada, especialmente la identidad del informante en caso de que se hubiera identificado.

En los términos legalmente previstos, la identidad del denunciante se podrá comunicar a la Autoridad Judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora. Cuando procedan estas revelaciones, éstas estarán sujetas a salvaguardas establecidas en la normativa aplicable. Antes de revelar la identidad del denunciante, ello se le comunicará previamente; salvo que tal comunicación pudiera comprometer la investigación o procedimiento judicial. Cuando la autoridad competente lo comunique al informante, le remitirá un escrito explicando los motivos de la revelación de los datos confidenciales en cuestión.

 Derechos. Cuando se obtengan directamente de los interesados sus datos personales se les facilitará la información a que se refieren los artículos 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. A los informantes y a quienes lleven a cabo una revelación pública se les informará, además, de forma expresa, de que su identidad será en todo caso reservada, que no se comunicará a las personas a las que se refieren los hechos relatados ni a terceros. La persona a la que se refieran los hechos relatados no será en ningún caso informada de la identidad del informante o de quien haya llevado a cabo la revelación pública.

Los interesados podrán ejercer los derechos a que se refieren los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. En caso de que la persona a la que se refieran los hechos relatados en la comunicación o a la que se refiera la revelación pública ejerciese el derecho de oposición, se presumirá que, salvo prueba en contrario, existen motivos legítimos imperiosos que legitiman el tratamiento de sus datos personales.

 RAT. Se incorpora en el RAT.

 Información. En todo caso, se informará a los interesados sobre el tratamiento de sus datos personales conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, en adelante RGPD).

Esta política se revisa periódicamente para asegurar su vigencia, por lo que puede ser modificada. Le recomendamos que la visite la página con regularidad donde le informaremos de cualquier actualización al respecto.

Para acceder al mismo, puede acceder al siguiente apartado de nuestra web:

https://areacolegiados.coaatfuerteventura.es/canal_denuncias/solicitud

06. ECONÓMICA FINANCIERA

MEMORIA ANUAL:

2025

2024

2023

2022

2021

AUDITORÍA EXTERNA:

El COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA en ninguno de los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025 realizó auditorías de cuentas y desfiscalización por los órganos de control externo ya que durante los mencionados ejercicios no concurrió en ninguna de los supuestos de la «Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas» que indica:

«Disposición adicional primera. Auditoría obligatoria.

    1. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones, deberán someterse en todo caso a la auditoría de cuentas prevista en el artículo 1.2 de esta Ley, las entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

      a) Que emitan valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores o sistemas multilaterales de negociación.

      b) Que emitan obligaciones en oferta pública.

      c) Que se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera, y, en todo caso, las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, la Sociedad de Sistemas, las entidades de contrapartida central, la Sociedad de Bolsas, las sociedades gestoras de los fondos de garantía de inversiones y las demás entidades financieras, incluidas las instituciones de inversión colectiva, fondos de titulización y sus gestoras, inscritas en los correspondientes Registros del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

      d) Que tengan por objeto social cualquier actividad sujeta al Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, dentro de los límites que reglamentariamente se establezcan, así como los fondos de pensiones y sus entidades gestoras.

      e) Que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios o suministren bienes al Estado y demás organismos públicos dentro de los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto.

      f) Las demás entidades que superen los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto. Dichos límites se referirán, al menos, a la cifra de negocios, al importe total del activo según balance y al número anual medio de empleados, y se aplicarán, todos o cada uno de ellos, según lo permita la respectiva naturaleza jurídica de cada sociedad o entidad.

    2. Lo previsto en esta disposición adicional no es aplicable a las entidades que formen parte del sector público estatal, autonómico o local, sin perjuicio de lo que disponga la normativa que regula dichas entidades del sector público. En todo caso, lo previsto en esta disposición adicional será aplicable a las sociedades mercantiles que formen parte del sector público estatal, autonómico o local.

    3. Las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, cuando no tengan que presentar cuentas anuales de su actividad en España, deberán someter a auditoría la información económica financiera que con carácter anual deban hacer pública, y la que con carácter reservado remitan al Banco de España, de conformidad con el marco normativo contable que resulte de aplicación.

Por otra parte, el «Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital» indica:

«Artículo263. Auditor de cuentas.

1.Las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión deberán ser revisados por auditor de cuentas.

2.Se exceptúa de esta obligación a las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

    • a) Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta mil euros.
    • b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones setecientos mil euros.
    • c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.»

07. CONTRATOS

2025

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA no ha suscrito ningún CONTRATO con Administraciones Públicas durante el año 2025.

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 apartado 5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA no es poder adjudicador, y por tanto, no ha adjudicado contratos sujetos a la LCSP.

Denominación y objeto: No se han realizado.
Datos estadísticos: No se han realizado.
Modificación de contratos: No se han realizado.
Desistimientos y renuncias de contratos: No se han realizado.
Prórrogas y variaciones del plazo de contratos: No se han realizado.
Relación de contratos menores: No se han realizado.

2024

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA no ha suscrito ningún CONTRATO con Administraciones Públicas durante el año 2024.

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 apartado 5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA no es poder adjudicador, y por tanto, no ha adjudicado contratos sujetos a la LCSP.

Denominación y objeto: No se han realizado.
Datos estadísticos: No se han realizado.
Modificación de contratos: No se han realizado.
Desistimientos y renuncias de contratos: No se han realizado.
Prórrogas y variaciones del plazo de contratos: No se han realizado.
Relación de contratos menores: No se han realizado.

2023

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA no ha suscrito ningún CONTRATO con Administraciones Públicas durante el año 2023.

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 apartado 5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA no es poder adjudicador, y por tanto, no ha adjudicado contratos sujetos a la LCSP.

Denominación y objeto: No se han realizado.
Datos estadísticos: No se han realizado.
Modificación de contratos: No se han realizado.
Desistimientos y renuncias de contratos: No se han realizado.
Prórrogas y variaciones del plazo de contratos: No se han realizado.
Relación de contratos menores: No se han realizado.

2022

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA no ha suscrito ningún CONTRATO con Administraciones Públicas durante el año 2022.

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 apartado 5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA no es poder adjudicador, y por tanto, no ha adjudicado contratos sujetos a la LCSP.

Denominación y objeto: No se han realizado.
Datos estadísticos: No se han realizado.
Modificación de contratos: No se han realizado.
Desistimientos y renuncias de contratos: No se han realizado.
Prórrogas y variaciones del plazo de contratos: No se han realizado.
Relación de contratos menores: No se han realizado.

2021

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA no ha suscrito ningún CONTRATO con Administraciones Públicas durante el año 2021.

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 apartado 5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA no es poder adjudicador, y por tanto, no ha adjudicado contratos sujetos a la LCSP.

Denominación y objeto: No se han realizado.
Datos estadísticos: No se han realizado.
Modificación de contratos: No se han realizado.
Desistimientos y renuncias de contratos: No se han realizado.
Prórrogas y variaciones del plazo de contratos: No se han realizado.
Relación de contratos menores: No se han realizado.

08. CONVENIOS Y ENCOMIENDAS DE GESTIÓN

2025

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA ha suscrito los siguientes CONVENIOS con Administraciones Públicas durante el año 2025:

Denominación y objeto: Fecha de inicio: Fecha de finalización: Importe:
Acuerdo de Cooperación entre el Consejo General de Colegios Oficiales de la Arquitectura Técnica de España y el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Fuerteventura para la ejecución de actuaciones del programa de formación en competencias digitales 01/08/2025 Actualidad 400€
Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Fuerteventura sobre colaboración para la contratación de servicios de Aparejadores/Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación 07/06/2024 Actualidad –

Modificación de CONVENIOS: No se han realizado.

2024

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA ha suscrito el siguiente CONVENIO con Administraciones Públicas durante el año 2024:

Denominación y objeto: Fecha de inicio: Fecha de finalización:
Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Fuerteventura sobre colaboración para la contratación de servicios de Aparejadores/Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación 07/06/2024 Actualidad

Modificación de CONVENIOS: No se han realizado.

2023

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA no ha suscrito ningún CONVENIO ni ENCOMIENDAS DE GESTIÓN con Administraciones Públicas durante el año 2023.

Denominación y objeto: No se han realizado.
Modificación de convenios: No se han realizado.

2022

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA no ha suscrito ningún CONVENIO ni ENCOMIENDAS DE GESTIÓN con Administraciones Públicas durante el año 2022.

Denominación y objeto: No se han realizado.
Modificación de convenios: No se han realizado.

2021

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA no ha suscrito ningún CONVENIO ni ENCOMIENDAS DE GESTIÓN con Administraciones Públicas durante el año 2021.

Denominación y objeto: No se han realizado.
Modificación de convenios: No se han realizado.

09. AYUDAS Y SUBVENCIONES

2025

El COAATIEF no ha recibido ni ayudas ni subvenciones públicas durante el año 2025.

El COAATIEF, tampoco ha concedido subvenciones en el año 2025.

2024

El COAATIEF ha recibido las siguiente ayudas durante el año 2024.

Importe Periodo ejecución Organismo que la concede Concepto o finalidad
3.325,56€ Año 2023 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Y CONSEJO CANARIO DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA DE ESPAÑA Creación de las OTR (Oficinas Técnicas de Rehabilitación) en los Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Canarias

2023

El COAATIEF no ha recibido ni ayudas ni subvenciones públicas durante el año 2023.

2022

El COAATIEF no ha recibido ni ayudas ni subvenciones públicas durante el año 2022.

2021

El COAATIEF no ha recibido ni ayudas ni subvenciones públicas durante el año 2021.

10. DERECHO DE ACCESO

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN:

Todas las personas tienen derecho a solicitar cualquier información que obre en poder de las instituciones y organizaciones públicas como consecuencia del desarrollo de sus funciones.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

REQUISITOS:

  • Identidad del solicitante
  • Información solicitada
  • Dirección de contacto, preferiblemente electrónica.

PROCEDIMIENTO:

El órgano competente para resolver las solicitudes de información es la junta de Gobierno.

El plazo de resolución será de un mes a partir de la fecha de entrada de la solicitud.

RECURSOS:

En caso de no estar de acuerdo con la resolución podrá imponer recurso ante el Comisionado de Transparencia Canaria.

FORMULARIO DE CONTACTO:

Puede realizar cualquier sugerencia, consulta o petición de información a través del siguiente FORMULARIO DE CONTACTO (recuerde que si la respuesta no es de su agrado, puede dirigirse al Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias.):

    acepto la política de privacidad
    acepto el aviso legal
    acepto la política de cookies

    2025

    El COAATIEF no ha recibido ninguna solicitud de información

    El COAATIEF no ha dictado resoluciones denegatorias.

    2024

    El COAATIEF no ha recibido ninguna solicitud de información

    El COAATIEF no ha dictado resoluciones denegatorias.

    2023

    El COAATIEF no ha recibido ninguna solicitud de información

    El COAATIEF no ha dictado resoluciones denegatorias.

    2022

    El COAATIEF no ha recibido ninguna solicitud de información

    El COAATIEF no ha dictado resoluciones denegatorias.

    2021

    El COAATIEF no ha recibido ninguna solicitud de información

    El COAATIEF no ha dictado resoluciones denegatorias.

    11. GRADO DE APLICACIÓN LEY 12/2014

    2025

    Informe anual provisional de 2025 sobre el grado de aplicación de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

    DECLARACIÓN ACCESIBILIDAD

    Puedes consultar nuestra DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDAD en el punto siguiente.

    En COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA estamos comprometidos con hacer nuestro sitio web accesible en la medida que nuestras posibilidades nos lo permite (por lo menos este apartado de TRANSPARENCIA), de acuerdo con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles en el sector.

    Si tiene alguna incidencia relacionada con la accesibilidad de nuestra web o nuestro portal de transparencia, no dude en ponerse en contacto con nosotros en nuestro formulario de contacto o en nuestros mails:

    colegio@coaatfuerteventura.es

    En el caso de que dicha solicitud o queja fuera desestimada, no se estuviera de acuerdo con la decisión adoptada, o la respuesta no cumpliera los requisitos contemplados en el artículo 12.5, podrá iniciar una reclamación para conocer y oponerse a los motivos de la desestimación, instar la adopción de las medidas oportunas en el caso de no estar de acuerdo con la decisión adoptada, o exponer las razones por las que se considera que la respuesta no cumple con los requisitos exigidos.

    Igualmente se podrá iniciar una reclamación en el caso de que haya trascurrido el plazo de veinte días hábiles sin haber obtenido respuesta.

    Dicha reclamación deberá ser presentada y registrada conforme a los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dirigida al propio COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA

    Una vez recibida la reclamación será respondida en el plazo máximo de dos meses, que podrá ser suspendido en el caso de que deba requerirse a la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, formule las aclaraciones necesarias para la correcta tramitación de la reclamación. Transcurrido dicho plazo sin que la persona interesada haya realizado las aclaraciones oportunas, se continuará con la tramitación de la reclamación.

    Transcurrido el plazo máximo para resolver la reclamación sin que se haya notificado la resolución de la misma, se entenderá que la reclamación ha sido desestimada.

    ACCESIBILIDAD DE LA WEB

    En las posteriores actualizaciones efectuadas, hemos adoptado una serie de medidas encaminadas a mejorar su accesibilidad:

    Facilita el acceso a la de las personas, sea cuales sea su condición.
    Permite el acceso con diferentes navegadores y dispositivos.
    Incluye contenidos claros y estructurados adecuadamente.
    Mejora la navegación y la experiencia del usuario.

    DISEÑO

    En cuanto al diseño de nuestra web hemos intentado separar el contenido mediante diferentes elementos de diseño y hojas de estilo.
    De la misma manera se ha intentado estructurar el contenido y etiquetarlo de manera correcta, huyendo de tablas en la maquetación de cada una de las páginas y haciendo un diseño responsable, adaptable a cualquier dispositivo y resolución de pantalla.
    Igualmente se ha intentado evitar combinaciones de poco contraste, así como el uso de Javascript y transmitir información a través del color únicamente.

    SITUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

    A pesar de que la COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE FUERTEVENTURA está comprometida con la accesibilidad, somos conscientes de nuestras limitaciones y trabajamos continuamente en seguir mejorando en reducir esas diversas barreras de accesibilidad que puedan seguir existiendo, entre ellos:

    Enlaces que pueden llevarle a sitios externos a esta web, documentos pdf o de ofimática, contenido multimedia

    Por otra parte, nos comprometemos a mejorar la accesibilidad de nuestra web en las futuras actualizaciones que hagamos.

    En la presente página de transparencia, destinada al portal de transparencia de la entidad, se ha optado por instalar una aplicación para que se pueda configurar de manera manual la accesibilidad a la propia web, pudiéndose ampliar el tamaño de la letra, realizar mayor contraste, indicar los enlaces.

    Para ello, únicamente deberá pulsar el icono cuadrado negro con una figura humana blanca situado en la parte superior derecha de la pantalla

    CONFIGURACIÓN NAVEGADORES

    A continuación, se indica cómo acceder a las configuraciones de los diferentes navegadores:

    Navegador Acción a realizar
    Explorer Herramientas > Opciones de internet > Botón «Accesibilidad» de la pestaña «General» > Activar alguna de les casillas de «Omitir… » y posteriormente a la pestaña «General» personalizar
    Firefox Herramientas > Opciones > Contenido
    Chrome Configuración > Enlace «Mostrar opciones avanzadas» > Sección «Contenido web» > Botón «Personalizar fuentes… «
    Safari Preferencias > pestaña «Avanzado»
    Opera Configuración > Opciones > Pestaña «Págines web»

    CONFIGURACIÓN DE CONTRASTE ALTO

    Para configurar el ordenador en contraste alto se deberá seguir, según su sistema operativo, las siguientes combinaciones:

    • En Windows, con la combinación de teclas Shift o Mayúscula + Alt + tecla de imprimir pantalla o vais al Tablón de control, de allí vais al Centro de actividad y configurad contraste alto.
    • En OS para Mac, id a Accesibilidad y en la sección «Pantalla» activad la casilla «Invertir colores».
    • En Linux Gnome, id a Sistemes, de allí a Preferencias y posteriormente a Apariencia, seleccionando algunos de los temas de contraste alto.

    CONFIGURACIÓN DEL TAMAÑO DEL TEXTO

    El diseño accesible de este sitio Web permite que el usuario pueda elegir el tamaño del texto que le convenga. Esta acción puede llevarse a cabo de diferentes maneras según el navegador que se utilice o puede utilizar directamente los controles A+ y a- proporcionados en las páginas detalle.

    Navegador Acción a realizar
    Explorer Ver > Tamaño del texto
    Firefox Ver > Tamaño
    Chrome Icono llave inglesa > Opciones > Avanzada > Contenido web > Tamaño fuente
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    PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN

    Si una vez realizada una solicitud de información accesible o queja, ésta hubiera sido desestimada, no se estuviera de acuerdo con la decisión adoptada, o la respuesta no cumpliera los requisitos contemplados en el artículo 12.5, la persona interesada podrá iniciar una reclamación para conocer y oponerse a los motivos de la desestimación, instar la adopción de las medidas oportunas en el caso de no estar de acuerdo con la decisión adoptada, o exponer las razones por las que se considera que la respuesta no cumple con los requisitos exigidos.

    Igualmente se podrá iniciar una reclamación en el caso de que haya trascurrido el plazo de veinte días hábiles.

    Dicha reclamación deberá ser presentada y registrada a través del correo electrónico colegio@coaatfuerteventura.es conforme a los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre y deberá estar dirigida a la Junta de Gobierno.

    Recibida la reclamación, la Unidad responsable de atenderla deberá responder a la persona interesada en el plazo máximo de dos meses.

    El transcurso de dicho plazo se podrá suspender en el caso de que deba requerirse a la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, formule las aclaraciones necesarias para la correcta tramitación de la reclamación. Transcurrido dicho plazo sin que la persona interesada haya realizado las aclaraciones oportunas, se continuará con la tramitación de la reclamación.

    Transcurrido el plazo máximo para resolver la reclamación sin que se haya notificado la resolución de la misma, se entenderá que la reclamación ha sido desestimada.

    Última actualización: 30 de mayo de 2.026